Se aprobó el dictamen para realizar el juicio político a la Corte Suprema por «mal desempeño»
Tras 26 encuentros y la comparecencia de 65 testigos, la investigación contra los ministros de la Corte Suprema de la Nación concluyó este martes en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados con la firma de los dictámenes acusatorios por mal desempeño de los magistrados: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Con la firma de los cuatro despachos el tema quedó listo para llegar al recinto, donde necesitará de 2/3 de los votos para continuar su camino parlamentario al Senado.
El cierre se dio en un día muy particular en el que se conocieron tres fallos del Poder Judicial: uno que exime de responsabilidad al ex presidente Mauricio Macri en el espionaje ilegal respecto de los familiares de los submarinistas del ARA San Juan. En ese sentido, el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau manifestó: “Otro órgano jurisdiccional adoptó una decisión respecto a las causas que involucran a la vicepresidenta, otra vez la doble vara, uno afuera y el otro adentro. Y por último, la insólita decisión de suspender las elecciones en Boca, a esta altura del partido cualquier cosa es esperable de este Poder Judicial”.
La reunión comenzó con la lectura de la titular de la Comisión, Carolina Gaillard, de los cuatro procesos acusatorios contra los jueces por mal desempeño de sus funciones en las causas por la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura, los fallos de coparticipación, la ley del 2×1 en favor de represores, y el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.
Los mismos contaron con el acompañamiento de los representantes del Frente de Todos, mientras que los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) presentaron despacho de rechazo y lo mismo hizo el diputado de Consenso Federal Alejandro «Topo» Rodríguez. Teniendo en cuenta que el actual oficialismo no tendrá los números para poder aprobar lo dictaminado en el recinto, estos tendrán tres años de vigencia.
“No hemos hecho otra cosa que cumplir con una manda constitucional. Está claro que nos está vedado realizar un análisis jurídico (de las sentencias) pero sí nos está permitido analizar si las sentencias se han transformado en un objeto o instrumento de una grave desviación de poder. A nosotros no nos cabe duda de esa grave inconducta”, defendió el proceso, Moreau.
