Dudas entre los militares por el proyecto del ministro Petri para que participen en el combate al terrorismo -

Las Fuerzas Armadas evalúan con escepticismo y muchas dudas el proyecto del Gobierno enviado al Congreso para modificar la ley de seguridad interior y permitir la participación de los militares frente a actos de terrorismo. La iniciativa, elaborada por el ministro de Defensa, Luis Petri, no consultó a los militares para su redacción.

El ministro Petri ha reiterado que su intención es proporcionar un marco legal frente a posibles agresiones de organizaciones terroristas extranjeras, como el ataque de Hamas a Israel en Gaza en octubre de 2023. La legislación actual impediría recurrir a las Fuerzas Armadas en un caso similar en Argentina.

El Gobierno de Javier Milei busca corregir este impedimento mediante la reforma de la ley 24.059 de seguridad interior, que está bajo la jurisdicción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Algunos en el ámbito militar creen que también deberían actualizarse las leyes de defensa y de inteligencia nacional, que forman un trípode legal desde la recuperación de la democracia.

Un interrogante sensible es si se autorizará a los militares a realizar tareas de inteligencia interior para prevenir o sostener sus acciones, algo actualmente prohibido por la ley.

Atribución de los gobernadores

Según trascendió, el proyecto del Gobierno establece que la definición de la presencia de un acto terrorista en una determinada zona corresponderá al comité de crisis, encargado de coordinar las operaciones de las fuerzas federales de seguridad y las policías provinciales. Así, la decisión podría estar en manos de los gobernadores.

La reforma de la ley de seguridad interior permitirá que «las Fuerzas Armadas trabajen de forma coordinada con las fuerzas de seguridad para enfrentar el terrorismo con acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas y por tiempo limitado», explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni. A diferencia de lo que ocurre ahora, los militares tendrían la atribución de «detener en flagrancia».

Una fuente militar observó que esta reforma podría profundizar un vacío legal entre el artículo 27 de la ley de seguridad interior, que autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo logístico, y la decisión de emplearlas para enfrentar un ataque terrorista. Actualmente, el artículo 32 de la norma permite al Presidente disponer de las FF.AA. para «el restablecimiento de la normal situación de seguridad interior, previa declaración del estado de sitio».

Frente a este escenario y la posible habilitación para intervenir en casos de agresiones terroristas, fuentes castrenses advierten que la participación de los militares ante la alteración del orden público está prevista, pero «sin establecer qué tareas pueden desarrollar y cuáles no».

El antecedente de los 70

Las prevenciones en los sectores militares tienen un antecedente significativo: las graves responsabilidades imputadas a oficiales y suboficiales en los juicios por la represión de los años 70. En esa época, cuatro decretos sancionados por un gobierno constitucional en 1975 ordenaron “aniquilar el accionar de la subversión”. Sin embargo, estos instrumentos legales no evitaron las condenas por delitos de lesa humanidad.

Otro argumento que alimenta las dudas en el sector castrense es que los militares tienen prohibido alistarse, adiestrarse y formarse en tareas de seguridad. Un alto oficial consideró: “Nuestro personal no está formado y capacitado para tareas de seguridad. Las Fuerzas Armadas no reprimen delitos: combaten oponentes en un conflicto, bajo leyes de la guerra”.

Un elemento central para esclarecer las posiciones frente a la decisión de emplear a los militares en el combate al terrorismo es quién y cómo se define que el país enfrenta un acto de terrorismo. Un militar retirado del Ejército resumió: “Si las Fuerzas Armadas son la última ratio es porque se las emplea en caso extremo y eso es el estado de sitio. No me queda claro quién determinará qué es o no terrorismo. La iniciativa puede estar bien intencionada, pero no hace falta”.

A pesar de la ofensiva del Gobierno por favorecer la participación de los militares frente a acciones del terrorismo, se dejaría de lado por ahora la idea de modificar la reglamentación de la ley de defensa. El decreto reglamentario 727/2006, impuesto por el entonces presidente Néstor Kirchner, que dispone que “las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otros Estados”, conservaría vigencia.

En las propias filas militares recuerdan un fallido del gobierno de Milei en enero último, cuando un mes después de asumir anunció la detención de “una célula terrorista” que preparaba un atentado en la Argentina, lo que resultó ser una falsa alarma. Las tres personas acusadas debieron ser liberadas.