El Gobierno oficializó la intervención en la obra social de los peones rurales debido a la crisis financiera que atraviesa
El Gobierno nacional intervino la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (OSPRERA) y designó a Virginia Montero como administradora provisoria, luego de una auditoría que detectó «gravísimos incumplimientos, falta de satisfacción de los afiliados y deficiencias en la calidad y cantidad de prestaciones».
La medida, publicada en la Resolución 1612/2024 del Boletín Oficial, busca proteger a los beneficiarios y garantizar el normal funcionamiento de la obra social, que cuenta con 759.203 afiliados a nivel nacional. En la región de Río Negro y Neuquén, OSPRERA tiene aproximadamente 40.000 trabajadores rurales permanentes y transitorios.
Según las autoridades, la intervención se debe a irregularidades administrativas, falta de documentación presentada ante la Superintendencia de Servicios de Salud y una deuda prestacional de $43.949.000.000 a marzo de 2024, un 63% más que en septiembre de 2023. Además, el 90% de los prestadores informados por OSPRERA aseguran no tener convenio con la entidad.
La administración de OSPRERA quedó a cargo de la administradora provisoria designada por la Superintendencia de Servicios de Salud, quien deberá informar sobre su gestión para normalizar la obra social.
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