Ingresó al Congreso el proyecto para agravar la pena a quienes provoquen incendios -

El Gobierno presentó este miércoles un proyecto de ley ante el Congreso para reformar el Código Penal y endurecer las penas contra quienes provoquen incendios de manera intencional, con el objetivo de que este delito deje de ser excarcelable y tenga una sanción efectiva. La iniciativa fue recibida por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a una carta firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

La propuesta, anunciada el lunes y confirmada este martes por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde El Bolsón, busca ser sometida a un «tratamiento y sanción urgente». Sin embargo, es poco probable que se debata durante el período de sesiones extraordinarias. El proyecto llega en un momento crítico, con incendios activos en la Patagonia y Corrientes que ya han consumido más de 37.000 hectáreas.

El texto sostiene que «la imprudencia ha tenido un papel significativo en la generación de incendios y otros desastres, y la normativa penal no ha cumplido un rol preventivo». Por ello, se propone incrementar las penas para evitar que las personas se amparen en la falta de intención al enfrentar las consecuencias de sus actos.

El proyecto busca modificar el artículo 186 del Código Penal para incluir nuevas conductas que puedan causar estragos, como derrumbes, liberación de sustancias tóxicas, emisión de radiaciones y «cualquier otro proceso destructivo». Además, se propone elevar la pena mínima de 3 a 4 años, eliminando la posibilidad de que el delito sea excarcelable, y aumentar las penas máximas: hasta 15 años si se ven afectados bosques, parques nacionales o yacimientos arqueológicos, y hasta 25 años si el incendio resulta en la muerte de una o más personas.

En el caso de los delitos culposos (sin intención), las penas también se incrementarían. La escala actual, que va de un mes a un año, se elevaría a un mínimo de 4 años y un máximo de 6. Si se pone en riesgo la vida de una persona, o si se producen muertes o lesiones graves, las penas máximas serían de 8 y 10 años, respectivamente.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la prevención y la responsabilidad penal en casos de incendios, especialmente en un contexto en el que los desastres ambientales están causando graves daños en varias regiones del país.