Tras la brutal represión, la Justicia ordenó monitorear la marcha de jubilados del miércoles
El juez Martín Cormick, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, rechazó una medida cautelar del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El CELS pedía declarar inconstitucional el «Protocolo Antipiquetes». Sin embargo, Cormick se comprometió a observar personalmente el operativo que se realizará el próximo miércoles durante una marcha de jubilados al Congreso.
La medida del CELS llegó después de una fuerte represión la semana pasada. Las fuerzas de seguridad dejaron varios heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo. El CELS pidió suspender el protocolo y exigió que el Ministerio de Seguridad garantice el derecho a la vida, la integridad física, la salud y la libertad de expresión. Esto aplica tanto para quienes protesten, transiten por las zonas afectadas o cubran los eventos como periodistas.
Según el CELS, el «Protocolo Antipiquetes» viola derechos constitucionales. Estos están en los artículos 14, 14bis, 19, 28, 75 incisos 12 y 22 de la Constitución Nacional. También viola los artículos 7.2, 13, 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Cormick rechazó la medida cautelar, pero reconoció que el Tribunal no ignora los hechos del 12/03/25. Dijo que esos hechos no se ajustan a los principios republicanos de la Constitución Nacional ni a las normas supranacionales que rigen en el país.
Por eso, Cormick anunció que observará personalmente el operativo del próximo miércoles. Recopilará pruebas sobre cualquier conducta o hecho relevante. Esto ayudará a evaluar la constitucionalidad de la Resolución 943/23, que establece el Protocolo de Seguridad, y a resolver el caso.
