La Justicia rechazó la solicitud del Gobierno de intervenir la Uatre
La Cámara de Apelaciones del Trabajo denegó la medida cautelar solicitada por el gobierno nacional para intervenir la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre). Los jueces fundamentaron su decisión en el principio de «libertad sindical», establecido en la ley 23.551.
El juez Carlos Pose, uno de los tres magistrados que fallaron por unanimidad, señaló: «La solicitud del Estado es improcedente. La intervención solo sería viable si se demostrara un riesgo grave por la demora y la verosimilitud del derecho invocado».
Además, explicó que aún se debate en el ámbito ministerial cuál lista triunfó en las elecciones sindicales. Pero, más allá de eso, destacó que la denuncia penal presentada contra el sindicato —y aceptada por el tribunal competente— crea una «prejudicialidad penal». Esto significa que, por tratarse de un asunto de orden público, la justicia civil debe esperar a que se pronuncie la justicia penal antes de tomar una decisión.
Por ello, el tribunal resolvió rechazar provisoriamente la medida cautelar, sin perjuicio de revisarla una vez que la justicia penal se expida sobre la denuncia.
La postura de la jueza Gabriela Vázquez
La jueza Gabriela Alejandra Vázquez sostuvo que la autonomía sindical es un derecho fundamental que protege la autodeterminación de los gremios. Esto incluye:
- Redactar sus propios estatutos.
- Elegir a sus representantes libremente.
- Organizar su administración sin interferencia estatal.
«Las autoridades deben abstenerse de intervenir si no hay motivos legítimos que justifiquen limitar este derecho», afirmó.
En línea con su argumento, propuso rechazar la medida cautelar, postura a la que adhirió el juez Manuel Diez Selva.
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