12 de octubre de 2025

Golpe judicial al Grupo Macri: la Corte reactiva la causa Correo Argentino

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La Corte Suprema rechazó el pedido del Grupo Macri para apartar a dos jueces de la causa Correo Argentino

La Corte Suprema de Justicia desestimó un pedido de la defensa de dos empresarios del Grupo Macri, que buscaban apartar a los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico de la causa Correo Argentino. Esta causa investiga posibles irregularidades en un acuerdo entre el Estado y la empresa que fue propiedad de la familia del expresidente Mauricio Macri.

El reclamo fue presentado por Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., y su abogado Jaime Kleidermacher, ambos imputados en el expediente que lleva el juez federal Ariel Lijo desde 2017. Argumentaban tener «temor de parcialidad» por parte de los dos jueces de la Cámara Federal porteña.

La defensa cuestionó a Farah por haber denunciado presiones del gobierno de Macri en 2018, y a Boico por haber sido abogado de exfuncionarios kirchneristas, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner. Sostenían que ambos jueces tenían una «enemistad evidente» con Macri y que la causa tenía un «fuerte contenido político».

Este pedido ya había sido rechazado antes por la Cámara Federal y luego confirmado por la Cámara de Casación Penal, donde el juez Javier Carbajo resolvió que no había pruebas objetivas de parcialidad.

Tras estos rechazos, los abogados recurrieron a la Corte Suprema, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti también rechazaron el recurso. La Corte argumentó que no se trataba de una sentencia definitiva ni similar a una.

Además de Cibils Robirosa y Kleidermacher, también están imputados en la causa el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el exdirector jurídico de ese ministerio, Juan Manuel Mocoroa.

La investigación se centra en un acuerdo firmado en 2016 entre el Estado y Correo Argentino S.A., que proponía perdonar el 98,87% de la deuda de la empresa. La fiscal Gabriela Boquín calificó ese acuerdo como «abusivo» y «perjudicial para el Estado», y logró frenar su aprobación en la justicia.

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