otro revés para el Gobierno: el Senado rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades
En un duro golpe al Ejecutivo, el Senado le dio esta tarde una derrota contundente: la oposición rechazó casi en su totalidad los vetos de las leyes que declaran la emergencia pediátrica, con el Hospital Garrahan como emblema, y que blindan los presupuestos de las universidades públicas. Con esta decisión, ambas normas recuperan vigencia y se espera que el Gobierno defina sus próximos pasos, especialmente respecto al articulado sobre discapacidad, cuyo giro de fondos había sido dilatado días atrás.
Resultados en el Senado
Los vetos fueron debatidos de manera conjunta, pero la votación se realizó por separado:
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Emergencia pediátrica: 59 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones (Alfredo De Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala).
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Universidades públicas: 58 a favor, 7 en contra y 4 abstenciones (las mismas del PRO más la radical Carolina Losada).
Bajo la mirada de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, ambos textos alcanzaron el quórum de dos tercios necesario para ser insistidos por el Congreso.
Emergencia pediátrica: prioridad presupuestaria y salarial
Uno de los artículos clave establece que la emergencia pediátrica implicará:
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Asignación prioritaria e inmediata de recursos para insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial.
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Recomposición salarial inmediata del personal de salud asistencial y no asistencial, incluyendo residentes, garantizando que no sea menor a lo percibido en términos reales en noviembre de 2023.
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Eximición del pago de ganancias para el personal que realice actividades críticas, horas extras o guardias.
Además, se declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como hospital de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal de julio a diciembre será de $65.573 millones.
Universidades públicas: actualización de presupuestos y salarios
La ley establece que los gastos de funcionamiento de las universidades se actualizarán al 1 de enero de 2025 según la variación acumulada del IPC informada por el INDEC entre mayo y diciembre de 2024, con subas bimestrales para el año en curso.
El Ejecutivo deberá también:
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Actualizar los salarios de docentes y no docentes, garantizando que ningún incremento sea inferior al IPC del período.
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Asegurar que todo aumento sea remunerativo y bonificable.
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Convocar negociaciones paritarias obligatorias cada tres meses, con actualización mensual no inferior a la inflación publicada, tanto para personal docente como no docente.
Este punto había sido criticado previamente, pero los legisladores que lo señalaron fueron rechazados en el recinto.