Río de Janeiro: 95% de los muertos tenían vínculo con Comando Vermelho
El violento operativo policial en las favelas de Río de Janeiro dejó impactantes imágenes de cadáveres apilados en las calles. La Policía Civil del estado, gobernado por Cláudio Castro, informó que más del 95% de los fallecidos identificados tenían vínculos comprobados con el Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales de Brasil.
Según el informe oficial, se reconocieron 115 de los 117 civiles muertos, sin contar los cuatro agentes de seguridad que fallecieron durante la operación. De los civiles identificados, más del 95% presentaba un “vínculo comprobado” con la organización criminal, mientras que dos casos arrojaron resultados periciales inconclusos.
Diferencias en los registros de víctimas
La cifra total de muertos aún no está clara y varía según la fuente. La Defensoría Pública, que recopiló datos independientes, contabilizó 132 fallecidos, mientras que el Gobierno regional confirmó 121 muertes (117 civiles y cuatro agentes).
De los civiles muertos, 97 tenían antecedentes penales relevantes y 59 estaban siendo buscados por órdenes judiciales. Otros 17 no tenían antecedentes, aunque 12 de ellos mostraron indicios de participación en el narcotráfico a través de redes sociales, según la Policía.
El secretario de Policía Civil de Río, Felipe Curi, señaló que esta pequeña fracción sin antecedentes penales “no significa nada, ya que si no hubieran reaccionado al abordaje policial, habrían sido detenidos”.
Procedencia y organización de los fallecidos
El informe también reveló que 62 de los muertos eran de fuera del estado de Río, principalmente de Pará (19), Bahía (12), Amazonas (9) y Goiás (9). Los demás provienen de Ceará, Paraíba, Maranhão, Mato Grosso, Espírito Santo, São Paulo y Distrito Federal. Entre los fallecidos había líderes de grupos armados de al menos once estados vinculados al Comando Vermelho, refugiados en Río.
Corte Suprema exige preservación de pruebas
La Corte Suprema de Brasil ordenó al Gobierno de Río la preservación y documentación de todas las pruebas relacionadas con el operativo que dejó más de un centenar de muertos.
El juez Alexandre de Moraes indicó que la cadena de custodia y los peritajes deben ser “rigurosos e integrales” para garantizar transparencia y facilitar la investigación del Ministerio Público.
La medida sigue una sentencia previa del Supremo que establece nuevos protocolos para operaciones policiales en favelas, con el objetivo de prevenir violaciones de derechos humanos. La Corte supervisará si el operativo se realizó siguiendo estas normas y si el Gobierno estatal cumplió con los procedimientos establecidos.
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