El Estado dejará de ser querellante en la causa que investiga la deuda con el FMI
El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, firmaron este jueves un decreto que retira al Estado nacional de la querella en la causa judicial que investiga el préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.
La medida quedó formalizada a través del Decreto 87/2026, que deroga el artículo 1° del Decreto 239/2021, firmado por el entonces presidente Alberto Fernández, mediante el cual se había instruido a la Procuración del Tesoro a intervenir como querellante. Además, el nuevo decreto ordena a dicho organismo cesar su participación en la Causa N° 3561/2019.
El expediente judicial, caratulado “Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, en la Ciudad de Buenos Aires. La investigación buscaba establecer eventuales responsabilidades penales por delitos de acción pública que podrían haber generado un perjuicio al Estado nacional.
En 2021, el gobierno de Alberto Fernández había dispuesto que la Procuración del Tesoro iniciara acciones para reclamar posibles daños y perjuicios, habilitándola incluso a promover una acción civil dentro del proceso penal. La Justicia aceptó entonces al Estado como parte querellante.
Sin embargo, el decreto firmado por Milei sostiene que el 2 de febrero de este año la jueza interviniente resolvió archivar la causa, al considerar que no se configuraron los delitos denunciados. En su resolución, la magistrada señaló que muchos de los cuestionamientos formulados respondían a diferencias con decisiones de política económica, adoptadas por los organismos competentes dentro de sus atribuciones legales.
El texto oficial agrega que la Procuración del Tesoro, tras analizar el expediente, concluyó que la decisión judicial respetó el debido proceso, se ajustó al marco constitucional y se basó en el derecho vigente y en los hechos comprobados de la causa. Por ese motivo, el Gobierno consideró que corresponde que el Ministerio Público Fiscal continúe con la investigación, en tanto es el organismo con mayor idoneidad técnica para hacerlo.
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