La «gran caja»: Fondos fiduciarios que manejan 1,5 billones de pesos anuales y desencadenaron el colapso en la votación de la ley ómnibus
El Gobierno enfrentó una serie de contratiempos durante la votación en particular del proyecto de ley ómnibus, acumulando 8 rechazos en 20 votaciones. El primer revés significativo fue la negativa a otorgarle a la Casa Rosada la potestad sobre los fondos fiduciarios, una partida anual de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, con controles limitados o inexistentes.
Estos fondos fiduciarios han sido históricamente una herramienta crucial en la política durante las últimas tres décadas, permitiendo al presidente Milei, de haber obtenido la aprobación del Congreso, utilizarlos discrecionalmente para atender emergencias económicas, resolver problemas sociales o incluso presionar a gobernadores e intendentes.
El quiebre se produjo por el inciso «h» del artículo 4° del proyecto, que habría otorgado a Milei la facultad de transformar, modificar o eliminar asignaciones específicas de fondos fiduciarios, entre otras acciones. Sin embargo, tanto los sectores duros como los más dialoguistas de la política rechazaron esta propuesta, temiendo que otorgarle tal poder al presidente pudiera socavar el federalismo y abrir la puerta a la extorsión política.
Actualmente, existen 29 fondos fiduciarios que manejan un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones, alrededor del 2% del Producto Bruto Interno del país. Sin embargo, la opacidad en su funcionamiento es notable, con escasos controles y falta de transparencia en cómo se gastan esos fondos.
A pesar de la falta de información detallada sobre la gestión de estos fondos, se sabe que han sido utilizados para financiar una amplia gama de proyectos, desde obras públicas hasta subsidios energéticos y de transporte. Los fondos más significativos incluyen aquellos destinados a infraestructura de transporte, vivienda social, subsidios de gas, y el programa Procrear.
La eliminación del Fondo Compensatorio del Interior y la discusión en torno a los fondos fiduciarios resaltan la complejidad y la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos en Argentina, un problema que tanto líderes políticos como expertos del sector privado reconocen que debe abordarse de manera urgente y sustancial.
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