Cambios a los DNU: qué significa el proyecto que impulsa la oposición en Diputados
El presidente Javier Milei se reunirá hoy con los gobernadores de Salta, Catamarca, Tucumán y Misiones. Este encuentro es significativo en el contexto de la discusión sobre la modificación de la ley de decretos en la Cámara de Diputados. A continuación, se presentan los principales cambios propuestos y su impacto.
Relevancia
La oposición busca implementar modificaciones que permitan que los decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Presidente puedan ser rechazados por una sola cámara. Esta iniciativa surge a raíz de los recientes vetos presidenciales de Milei, que anularon legislaciones que otorgaban aumentos a jubilaciones y universidades nacionales.
Ley de decretos
La legislación actual regula la emisión de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una facultad exclusiva del presidente, según el artículo 99 de la Constitución Nacional. La Ley 26.122 establece que el Congreso tiene la potestad de ratificar o derogar dichos decretos. Históricamente, solo una vez se ha derogado un DNU en Argentina, que fue el que asignaba $100.000 millones a la Secretaría de Inteligencia.
Diputados
La semana pasada comenzó el debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento. La oposición busca facilitar el rechazo a los decretos, lo cual actualmente requiere mayorías complicadas de alcanzar. Se han presentado 16 proyectos por parte de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Aunque cada propuesta tiene diferencias, comparten dos elementos clave: el tiempo para tratar los decretos y la necesidad de que sean rechazados por ambas cámaras.
Tiempo
La normativa vigente establece que la Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de 10 días hábiles desde la presentación del decreto por parte del Jefe de Gabinete para emitir un dictamen. Los proyectos opositores sugieren ampliar este plazo a entre 60 y 90 días.
Bicameralidad
La ley estipula que para ratificar o rechazar un decreto, este debe pasar primero por la cámara iniciadora, generalmente Diputados. Para derogarlo, se necesita una mayoría absoluta de dos tercios de los presentes en ambas cámaras. Las propuestas en discusión buscan permitir que solo una cámara pueda rechazar los decretos sin necesidad del consenso de ambas.
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