Rechazo judicial al pedido de la SIGEN para auditor a la UBA
El juez Santiago Carrillo, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3, ha rechazado la medida cautelar solicitada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para auditar de inmediato a la Universidad de Buenos Aires (UBA). La decisión se basa en la falta de razones urgentes que justifiquen una intervención inmediata en la institución, que goza de autonomía constitucional.
Importancia de la Decisión
Este fallo establece un precedente sobre los límites del control estatal sobre las universidades y podría definir el alcance del control interno sobre los fondos públicos universitarios. La UBA había cuestionado la facultad de la SIGEN para realizar auditorías, argumentando que esto violaría su autonomía y que ya cuenta con mecanismos propios de control a través de su Auditoría General.
Fundamentos del Rechazo
El juez Carrillo fundamentó su decisión en tres puntos clave:
- No hay riesgo comprobado: No se ha demostrado que exista un riesgo de pérdida o alteración de documentación que justifique una medida urgente.
- Sistema de gestión documental: La UBA ha demostrado tener un sistema de gestión documental electrónico que preserva la información.
- Competencia de la SIGEN: Autorizar una auditoría inmediata implicaría adelantar una decisión sobre si la SIGEN tiene competencia para controlar internamente a la universidad sin violar su autonomía, lo cual debe resolverse en una sentencia definitiva.
Contexto y Reacciones
La controversia surgió después de que la SIGEN intentara realizar una auditoría en respuesta a un expediente abierto por la UBA, donde se solicitaba declarar la incompetencia de la SIGEN para el control interno. La UBA argumenta que este control le corresponde exclusivamente a la Auditoría General de la Nación (AGN).
El rechazo a la auditoría ha sido interpretado como un «empate técnico», ya que aunque no se ha concedido el pedido de la SIGEN, tampoco se ha otorgado a la UBA una inhibición total sobre dicha entidad. La resolución destaca que las universidades nacionales tienen un estatus jurídico especial y que el Poder Legislativo y Judicial son los responsables del control de sus actos.
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