Movilizaciones en todo el país por la actualización de la Ley de Discapacidad -

Personas con discapacidad, familias y profesionales de la salud se manifestaron en todo el país este jueves 10 de julio para exigir la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que debía ser tratada en el Senado. Sin embargo, gobernadores aliados al oficialismo acordaron postergar su tratamiento.

El proyecto, impulsado por organizaciones sociales y respaldado por sectores de la oposición, busca garantizar derechos esenciales, terapias, transporte, medicamentos y pensiones en un contexto marcado por ajustes presupuestarios y demoras en los pagos a prestadores.

Reclamo nacional frente al Congreso y en todo el país

La convocatoria fue realizada por el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que llamó a movilizarse y suspender actividades desde las 11 horas frente al Congreso y en distintas provincias.

En la Ciudad de Buenos Aires, un fuerte operativo policial con vallados y efectivos limitó el espacio de la protesta. Entre los manifestantes, un padre de Lomas de Zamora explicó a C5N que “los recortes ponen en riesgo los tratamientos; hay prestadores que no cobran hace seis meses”.

Testimonios del impacto real

Una docente y madre de un niño con síndrome de Asperger relató que las obras sociales no pagan las terapias ni a los acompañantes, haciendo insostenible la educación inclusiva.
En Mar del Plata, una madre denunció que los transportistas están cobrando con hasta ocho meses de atraso y que muchos prestadores trabajan sin saber si cobrarán.
En Bariloche, un pensionado no contributivo alertó que el acceso a medicamentos y certificados se ve bloqueado, afectando derechos adquiridos.

Fran, un hombre con discapacidad, expresó: “Gracias a mi kinesióloga y mi terapista volví a caminar y hablar. Esta ley es urgente, no sólo para los pacientes, también para quienes nos ayudan a vivir”.

¿Qué propone la Ley de Emergencia en Discapacidad?

La iniciativa establece una emergencia hasta diciembre de 2027 y plantea medidas clave para revertir el deterioro en el sistema de atención:

✅ Regularización de pagos y actualización de aranceles.
✅ Reforma integral de las pensiones no contributivas.
✅ Fortalecimiento institucional de ANDIS con auditorías y mejoras en la base de datos.
✅ Compensaciones económicas para prestadores.
✅ Transparencia y rendición de cuentas del Poder Ejecutivo.
✅ Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
✅ Apoyo a talleres protegidos y centros de día.
✅ Cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad.