Por el ajuste de Milei, las universidades no comienzan el cuatrimestre en Argentina
Este lunes, el segundo cuatrimestre debería comenzar en la mayoría de las universidades nacionales de Argentina, pero ninguna abrirá sus puertas debido a un paro nacional de 24 horas convocado por gremios docentes y no docentes. Esta medida forma parte de dos semanas de visibilización de la profunda crisis universitaria, que buscan llamar la atención sobre el deterioro del sistema público.
Tras la media sanción en la Cámara de Diputados de la nueva ley de financiamiento universitario, los sindicatos exigen que el Senado confirme la aprobación lo antes posible. Además, ya anticipan movilizaciones para enfrentar un posible veto presidencial por parte de Javier Milei.
Las federaciones docentes más importantes, como Conadu y Conadu Histórica, extenderán el paro durante toda la semana, mientras que otras entidades, como la Federación de Docentes Universitarios (Fedun) y la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (Fatun), realizarán una huelga de 24 horas. Esta última tiene un papel decisivo ya que los no docentes garantizan el funcionamiento de las instituciones.
Jorge Anró, secretario adjunto de Fatun, advirtió que los salarios de docentes y no docentes están por debajo del 90% en relación a la inflación, y criticó el ajuste presupuestario que afecta becas, programas de investigación y salarios, provocando un deterioro histórico en la universidad pública.
La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) también expresó su preocupación por la «situación límite» debido al desfinanciamiento, lo que obliga a destinar recursos propios a servicios básicos y limita las mejoras académicas y el apoyo a proyectos de extensión.
En medio de estas tensiones, el presidente Javier Milei adelantó vetos a leyes que afecten el superávit fiscal, incluyendo la ley de financiamiento universitario, poniendo en riesgo su aprobación definitiva en el Senado.
Los gremios, estudiantes y autoridades universitarias hacen un llamado urgente para garantizar la continuidad y calidad de la educación pública, y preparan movilizaciones para enfrentar el veto presidencial, con la esperanza de convertir esta ley en un símbolo de defensa para el futuro de las universidades argentinas.
