El Gobierno liberó las matrículas y las cuotas de los colegios privados
El Gobierno nacional oficializó la desregulación de las cuotas y matrículas de los colegios privados sin subsidios.
A partir de ahora, esas instituciones podrán fijar sus precios sin autorización del Estado.
La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 787/2025, que deroga el decreto 2417/1993, vigente durante más de treinta años.
Ese viejo marco regulaba la relación entre las escuelas privadas y el Estado en materia de aranceles, matrículas y aumentos.
Con la nueva norma, los colegios privados ya no deberán informar ni pedir autorización previa para modificar los valores de sus cuotas.
Según el texto oficial, el sistema anterior “imponía limitaciones y trámites que dificultaban la adaptación de las instituciones a las realidades educativas y económicas del país”.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aclaró que la medida solo alcanza a los colegios que no reciben aportes estatales.
Representan el 6% del sistema educativo, es decir, unas 2.000 instituciones en todo el país.
Los colegios subvencionados seguirán bajo el Decreto 2542/1991, que permite al Poder Ejecutivo establecer aranceles máximos.
Si una escuela con subsidio no cumple esos topes, podría perder la ayuda estatal.
El Gobierno argumenta que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes” que afectan la viabilidad económica de los colegios.
Sostiene que la obligación de informar y autorizar las cuotas con anticipación “limita la capacidad de adaptación al contexto económico”, y que el sistema de control “termina perjudicando a las familias”.
Según el decreto, muchas instituciones fijan precios más altos al inicio del ciclo lectivo por temor a futuros aumentos no autorizados.
Eso, dice el texto, reduce las opciones de las familias y puede forzar cambios de escuela a mitad de año.
El Gobierno también invoca el derecho de propiedad y la libertad de contratación de los institutos privados.
Sostiene que deberían poder definir sus condiciones laborales y salariales sin aprobación estatal, y que la rigidez de las tarifas reguladas puede incluso afectar la calidad educativa, al impedir que los colegios respondan a tiempo a los aumentos de costos.
Finalmente, el Ejecutivo instruyó al Ministerio de Capital Humano y a la Secretaría de Educación a revisar el Decreto 2542/1991 —base del sistema de financiamiento de la educación privada— y a presentar una propuesta de actualización.
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