El Gobierno avanza con el plan para privatizar AySA
El Gobierno nacional avanza en la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa estatal encargada de proveer agua potable y servicios cloacales a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 partidos del conurbano bonaerense. La medida se formalizó a través del Decreto 805/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y de todo el Gabinete.
El decreto aprueba el nuevo Marco Regulatorio que introduce modificaciones en las normas de funcionamiento de la compañía. Según el texto, la decisión se enmarca en la Ley Bases, que declaró a AySA “sujeta a privatización”, proceso que deberá desarrollarse con transparencia, competencia, máxima concurrencia, eficiencia, publicidad y gobierno abierto.
El Gobierno recordó que el traspaso al sector privado comenzó en agosto de este año y que resulta “indispensable avanzar en medidas inmediatas y eficaces para dar certeza jurídica al servicio público que presta la empresa”. En ese sentido, el nuevo reglamento prevé que el Contrato de Concesión podrá establecer un régimen de transición de hasta cinco años para implementar de manera ordenada y progresiva el nuevo esquema, garantizando el equilibrio económico-financiero del contrato una vez concretada la privatización.
La Resolución 1198/2025, firmada por el Ministerio de Economía en agosto, instruyó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a ejecutar la operación y a la Secretaría de Obras Públicas a preparar la documentación técnica y contractual correspondiente, incluyendo el contrato de concesión. También dispuso que un banco estatal realice la valuación del paquete accionario, que la venta se concrete en un plazo máximo de ocho meses, y que las acciones remanentes del Estado sean colocadas en los mercados locales.
En los considerandos del Decreto 494/2025, que habilitó el proceso, el Ejecutivo argumentó que la intervención estatal en servicios que puede asumir el sector privado no arrojó los resultados esperados, y que la prestación requiere niveles de inversión en infraestructura que superan las capacidades de la empresa. “El sector privado puede brindar una gestión más eficiente y menos costosa para el Estado”, señala el documento.
Del total del capital accionario, el 10% seguirá en manos de los trabajadores, dentro del programa de propiedad participada vigente. Tras el anuncio, diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto para rechazar los decretos 493/2025 y 494/2025, que reforman el sistema de provisión de agua y dan inicio formal al proceso de venta de AySA.
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