Fallo judicial exige al Gobierno pruebas reales de cumplimiento de la Ley de Discapacidad
El Juzgado Federal de Campana ordenó al Gobierno nacional que, en un plazo de cinco días hábiles, demuestre avances concretos en la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La decisión se tomó en el marco de un amparo colectivo presentado por demoras en el cumplimiento de la norma, que involucra al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud.
La causa comenzó con la presentación judicial de un padre en representación de sus hijos y luego sumó el apoyo de organizaciones civiles y del Ministerio Público, lo que reforzó el carácter colectivo del reclamo. Ante esta situación, el juez Adrián González Charvay exigió que el Estado presente pruebas documentales claras y advirtió que no se aceptarán informes basados solo en anuncios, evaluaciones o proyectos sin ejecución efectiva.
La resolución incluye un apercibimiento expreso: si el Gobierno no cumple, el juzgado podrá imponer sanciones, entre ellas multas personales a los funcionarios responsables. Aunque el Estado apeló la medida, el recurso fue concedido con efecto devolutivo, lo que significa que la apelación no suspende la obligación de cumplir de forma inmediata.
En el expediente N.º 44035/2025 también intervienen la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asesora de Menores. Para que el cumplimiento sea considerado válido, la Justicia exige, entre otros puntos:
-
la actualización de los aranceles a prestadores, con vigencia desde enero de 2025;
-
un plan de pago para las compensaciones adeudadas;
-
la apertura del plan ARCA para refinanciar deudas;
-
y la publicación del decreto reglamentario de la ley, que registra un atraso de tres meses.
Además, el juzgado fijó como fecha límite para la implementación plena de la norma el 4 de febrero de 2026. Para entonces, el sistema deberá estar completamente operativo, con aranceles liquidados, planes de pago en ejecución y el marco reglamentario vigente. Como parte del control judicial, una auditoría confirmó que el expediente administrativo correspondiente no registra avances desde el 3 de enero de 2026.
About The Author
