Docentes y no docentes van al paro y exigen recomposición salarial del 50% -

El inicio del ciclo lectivo en las universidades nacionales quedó atravesado por un paro docente y no docente. Los sindicatos reclaman recomposición salarial y denuncian un recorte presupuestario, mientras el conflicto con el Gobierno de Javier Milei amenaza con extenderse durante todo el cuatrimestre.

El comienzo de las clases en las universidades nacionales quedó marcado por una medida de fuerza convocada por los gremios docentes y no docentes. La federación CONADU anunció una semana completa de paro y advirtió que el plan de lucha podría profundizarse con nuevas medidas a lo largo del cuatrimestre.

La protesta responde a un conflicto que combina reclamos salariales y cuestionamientos al financiamiento del sistema universitario. Según estimaciones de los rectores, las universidades necesitarían alrededor de 7,2 billones de pesos para garantizar su funcionamiento durante el año. Sin embargo, el presupuesto presentado por el Gobierno contempla unos 4,8 billones, una diferencia que encendió la alarma en el sector.

Reclamo salarial y conflicto con el Gobierno

En paralelo, los sindicatos universitarios denuncian una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los docentes. La legislación vigente sobre financiamiento universitario establece una recomposición salarial superior al 50%, pero desde el Poder Ejecutivo se impulsa una modificación de la norma que reduciría el incremento a cerca del 12%.

La disputa se arrastra desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. Tras asumir, el Gobierno dispuso aumentos salariales por debajo de la inflación, lo que generó tensiones con el sistema universitario. Como respuesta, el sector protagonizó movilizaciones masivas en defensa de la educación pública.

El conflicto también llegó al plano institucional. El Congreso de la Nación Argentina aprobó en dos oportunidades leyes destinadas a reforzar el financiamiento universitario. Milei vetó ambas iniciativas, aunque en el segundo caso el Parlamento rechazó el veto, lo que dejó vigente la norma.

Sin embargo, las universidades denuncian que el Ejecutivo todavía no cumple con lo establecido por la ley. Ante esa situación, varias instituciones recurrieron a la Justicia y obtuvieron una medida cautelar que ordena al Gobierno avanzar con los pagos. La Casa Rosada apeló la resolución y, al mismo tiempo, impulsa cambios legislativos para reducir el impacto fiscal de la normativa.

Mientras tanto, en el sector advierten que el escenario podría derivar en una huelga prolongada. Distintas organizaciones ya analizan convocar a una nueva marcha federal universitaria prevista para el 23 de abril, que podría reunir a estudiantes, docentes y autoridades en defensa del financiamiento del sistema público.