13 de mayo de 2026

El Gobierno busca permitir a extranjeros comprar más del 15% del territorio en Argentina

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Mientras atraviesa un momento complejo marcado por el avance del caso $Libra, el estancamiento económico y las polémicas por los viajes privados de funcionarios, el Gobierno de Javier Milei anunció el envío al Congreso de un paquete de reformas estructurales.

Durante una conferencia en Casa Rosada, el jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó que el oficialismo impulsará cambios para eliminar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

El argumento central es atraer inversiones internacionales en sectores estratégicos como petróleo, minería y agro, que requieren grandes extensiones. Actualmente, la Ley 26.737 limita la propiedad extranjera al 15% del total de tierras rurales, aunque hoy solo el 4,97% está en manos extranjeras, unas 13,2 millones de hectáreas.

El Gobierno sostiene que estas restricciones frenan el desarrollo económico y ya había intentado eliminarlas mediante el DNU 70/2023. Sin embargo, la Justicia declaró inconstitucional esa medida y el caso quedó en manos de la Corte Suprema, que aún no se expidió.


Desalojos exprés, expropiaciones y cambios estructurales

El paquete legislativo también incluye una nueva Ley de Desalojo para acelerar los procesos judiciales y permitir la restitución de propiedades en menos de cinco días. A esto se suma un endurecimiento del régimen de expropiaciones y modificaciones a la Ley de Fuegos.

En paralelo, el oficialismo impulsa cambios en la Ley de Glaciares para habilitar la explotación en zonas periglaciales, lo que abre un fuerte debate ambiental. Desde el Ejecutivo aseguran que el marco actual es demasiado restrictivo para el desarrollo minero.

Además, se anunció la creación de un fondo para las Fuerzas Armadas, que se financiará con el 10% de los ingresos provenientes de privatizaciones y estará destinado a la compra de armamento y equipamiento.

Por último, el Gobierno adelantó que buscará modificar las leyes de Discapacidad y Educación Superior sancionadas en 2025, con el objetivo de hacer el sistema “sustentable” sin resignar aumentos.

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