Caso ANDIS: citan a indagatoria a Spagnuolo
La Justicia Federal avanzó en la investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y citó a indagatoria al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, junto a otras 34 personas, entre exfuncionarios y empresarios del sector de la salud.
La causa también incluye la ampliación de indagatorias para imputados ya procesados, entre ellos el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini; el intermediario Miguel Ángel Calvete; y los empresarios Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, a cargo del juez Ariel Lijo, en línea con el pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez. La investigación apunta a una presunta organización delictiva que habría operado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 para defraudar al Estado mediante la manipulación de compras de medicamentos e insumos de alto costo.
Según la resolución judicial, “la organización habría estado destinada a generar ganancias millonarias de forma ilegal en perjuicio del erario público”. Las declaraciones indagatorias se realizarán entre el 28 de abril y el 26 de mayo, mientras que el juzgado ordenó la inhibición general de bienes de los imputados para garantizar un eventual recupero de activos.
De acuerdo con la investigación, el esquema se basaba en acuerdos ilegales entre funcionarios de ANDIS y empresas proveedoras, especialmente droguerías vinculadas a insumos de alto costo. A través del direccionamiento de licitaciones del Programa Federal Incluir Salud, se habrían adjudicado contratos a empresas previamente seleccionadas, simulando competencia a cambio de sobornos.
El mecanismo habría operado mediante el uso del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), donde se generaban procesos de contratación “especiales” o paralelos para favorecer a determinados proveedores.
El impacto de estas maniobras habría recaído directamente sobre uno de los sectores más vulnerables: beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad, quienes dependen de estos insumos médicos para su tratamiento.
En el área de medicamentos, la Justicia detectó al menos 21 licitaciones irregulares por un total de $30.337 millones. En ese esquema, las droguerías Profarma S.A. y Génesis S.A. concentraron el 93,11% de las adjudicaciones. Patrones similares se identificaron en la compra de prótesis, insumos cardiológicos, audífonos y sillas de ruedas, lo que refuerza la hipótesis de cartelización.
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