El Gobierno avanza con la privatización de AySA tras 20 años de control estatal
Luego de dos décadas bajo control estatal, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) volverá a manos privadas mediante un contrato de concesión por 30 años. La medida fue formalizada a través de la Resolución 543/2026, que aprueba el nuevo vínculo entre el Estado Nacional y la compañía, marcando el inicio del proceso de privatización de la principal prestadora de agua y cloacas del país.
El Gobierno fundamentó la decisión en la Ley 27.742, con el objetivo de impulsar una “transformación refundacional” del servicio mediante la incorporación de capital privado para mejorar la eficiencia en la provisión de agua potable y el tratamiento de efluentes en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
El plan contempla la venta de al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el resto de las acciones se colocará en los mercados. El esquema establece una concesión por 30 años, prorrogable por 10 más, donde el Estado mantiene la propiedad de los activos pero delega la operación en el sector privado.
El contrato obliga al concesionario a ejecutar inversiones en infraestructura financiadas con capital propio o endeudamiento, recuperadas vía tarifa. Entre las metas iniciales se destacan alcanzar una cobertura de agua potable del 75,3% y de cloacas del 63,9% en los primeros cinco años, con el objetivo final de lograr la universalización del servicio.
A pesar del traspaso operativo, el Estado conservará la titularidad de las plantas, redes y estaciones de bombeo. La supervisión seguirá a cargo del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación, que controlarán la calidad del servicio y el cumplimiento de los planes de inversión.
Tarifas y control del servicio
El nuevo modelo establece un régimen económico basado en el equilibrio financiero, con tarifas definidas en ciclos de cinco años y revisiones periódicas. También se prevén ajustes automáticos por inflación y la aplicación de un “Factor C”, que premiará o penalizará a la empresa según su desempeño.
El contrato endurece además el esquema de sanciones: habrá multas por fallas en el servicio, demoras en reclamos o incumplimientos en inversiones. En casos graves, el Estado podrá rescindir la concesión y retomar el control del servicio.
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