29 de abril de 2026

La Justicia ordenó al Estado pagar más de $2.500 millones a Tecpetrol por recortes del Plan Gas en Vaca Muerta

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La Justicia federal falló a favor de Tecpetrol en el conflicto más largo que dejó el Plan Gas, el esquema de subsidios que creó el gobierno de Mauricio Macri en 2017 para impulsar la producción en Vaca Muerta.

El tribunal anuló las decisiones con las que la Secretaría de Energía había recortado los pagos a la empresa del grupo Techint y le ordenó al Estado pagarle $2.553 millones más intereses por deudas acumuladas entre agosto y octubre de 2018. El fallo fue firmado por el juez Enrique Lavié Pico y todavía puede ser apelado.

El problema empezó con el propio éxito del programa. El Plan Gas aseguraba un precio mínimo para fomentar inversiones. En ese contexto, Tecpetrol invirtió unos US$1.700 millones en Fortín de Piedra y en poco tiempo pasó a producir 14 millones de metros cúbicos de gas por día, cerca del 12% del total del país.

Ese crecimiento hizo caer el precio del gas y aumentó el costo del programa para el Estado. En paralelo, el gobierno buscaba reducir el déficit fiscal en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bajo la conducción económica de Nicolás Dujovne.

En ese escenario, a fines de 2018 la Secretaría de Energía, entonces a cargo de Gustavo Lopetegui, cambió la forma de calcular los pagos. En lugar de tomar la producción real, empezó a usar estimaciones previas más bajas. Eso redujo lo que debía cobrar la empresa.

La Justicia rechazó ese cambio. Señaló que las reglas originales no fijaban ningún límite y que el propio Estado venía pagando según la producción real. También remarcó que no podía modificar las condiciones después de que las empresas ya habían invertido.

Incluso, el entonces jefe de Gabinete Marcos Peña había vinculado los pagos directamente al nivel de producción, sin mencionar topes.

El fallo también descartó otro argumento del Estado: que la empresa había invertido más de lo previsto. Según la pericia, Tecpetrol perforó menos pozos de los que había planificado. La mayor producción se explicó por una mejora en la eficiencia.

Ahora, el Estado puede apelar, lo que podría alargar la disputa. Pero el fallo deja un mensaje claro: cambiar las reglas después de que se hicieron inversiones puede tener un costo alto.

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