🚨 DURÍSIMO REVÉS PARA EL GOBIERNO: LA JUSTICIA LO RESPONSABILIZÓ POR EL DETERIORO DE 3 RUTAS DE SANTA FE
La Justicia Federal ordenó al Gobierno nacional reparar de manera inmediata e integral las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el sur de la provincia de Santa Fe y garantizar las condiciones necesarias para su plena transitabilidad.
La resolución fue dictada por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, quien hizo lugar a una acción de amparo presentada por la senadora provincial de Unidos para Cambiar Santa Fe, Leticia Di Gregorio, contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
El magistrado consideró que la prolongada falta de mantenimiento y conservación de los corredores viales constituye una omisión estatal con “arbitrariedad o ilegalidad manifiestas”.
La Justicia responsabilizó al Estado por el estado de las rutas
En su resolución, Cuello Murúa estableció que la obligación de garantizar el mantenimiento de las rutas continúa siendo responsabilidad del Estado nacional, incluso cuando las obras sean ejecutadas por empresas privadas.
Por ese motivo, ordenó que las reparaciones sean realizadas a través de Vialidad Nacional, el organismo que eventualmente asuma sus competencias o las empresas concesionarias actuales o futuras de esos corredores.
El juez aclaró, además, que una eventual transferencia de las tareas de mantenimiento no modifica la responsabilidad del Estado nacional de garantizar el cumplimiento de la orden judicial.
La decisión adquiere especial relevancia debido a los recientes cambios en la Red Federal de Concesiones.
Según consta en el expediente, la Ruta Nacional 33 fue adjudicada a CPC SA en el tramo Portuario Norte, mientras que distintos tramos de las rutas 7 y 8 fueron adjudicados a Creditech SA y Plantel SA, y a Basaa SA y Cecosa SA.
Para la Justicia, estas modificaciones contractuales no pueden utilizarse como argumento para postergar o impedir las obras necesarias.
Un reclamo que comenzó en 2025
La senadora Leticia Di Gregorio había presentado la acción de amparo en marzo de 2025. Antes de la resolución definitiva, ya había conseguido una medida cautelar que obligó a Vialidad Nacional a señalizar los sectores deteriorados, realizar desvíos cuando fuera necesario y ejecutar tareas de bacheo o relleno.
La medida había sido confirmada posteriormente por la Cámara Federal de Rosario.
Sin embargo, el cumplimiento fue parcial.
En marzo de 2026, Vialidad Nacional reconoció que los trabajos sobre la Ruta 33 no habían sido reanudados debido a la falta de autorización de una solicitud de provisión y a la espera de una ampliación presupuestaria.
Posteriormente, el organismo señaló que las restricciones presupuestarias y financieras impedían desarrollar con normalidad las tareas mínimas de conservación necesarias para garantizar la seguridad y transitabilidad de la red vial.
El juez cuestionó las trabas presupuestarias
Cuello Murúa también puso el foco en el funcionamiento de los distintos organismos involucrados en la autorización y ejecución de las obras.
Según el fallo, las dificultades estuvieron vinculadas, entre otros factores, con la falta de aprobaciones presupuestarias y solicitudes de provisión que involucraban a la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
El magistrado concluyó que los distintos organismos intervinientes incurrieron en incumplimientos dentro de sus respectivas competencias y consideró que esa situación configuró una “omisión comunitaria” del Estado.
Reclamos similares por el estado de las rutas nacionales
El conflicto por la falta de mantenimiento de las rutas nacionales no se limita a Santa Fe.
En Río Negro, el gobierno provincial también cuestionó la falta de respuestas del Estado nacional frente al deterioro de la Ruta Nacional 151, uno de los corredores estratégicos de la región.
El reclamo se produce en un contexto de fuerte discusión sobre los recursos destinados al mantenimiento de la infraestructura vial.
Según informó LA NACION, el Gobierno nacional recaudó más de $1,5 billones destinados a rutas y obras viales durante los últimos dos años y medio, aunque ejecutó aproximadamente una cuarta parte de esos fondos. La información también señala que más de $1 billón fue colocado en plazos fijos y títulos públicos.
La situación derivó en una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos y otros posibles delitos.
Qué ordenó la Justicia sobre las rutas 7, 8 y 33
La resolución del juez federal de Venado Tuerto dejó en claro que el conflicto no puede reducirse a una disputa contractual entre el Estado y las empresas concesionarias.
El Estado nacional deberá garantizar que las rutas 7, 8 y 33 recuperen su plena transitabilidad y condiciones de seguridad en el sur de Santa Fe, independientemente de qué organismo público o empresa privada termine ejecutando las obras.
De esta manera, la Justicia puso la responsabilidad final sobre el Gobierno nacional: las concesiones, las restricciones presupuestarias o los cambios administrativos no pueden impedir que las rutas nacionales sean reparadas y mantenidas en condiciones adecuadas para circular.
About The Author
