El apellido del exsecretario de Transporte de Milei aparece en la concesión de 682 kilómetros de rutas
Franco Mogetta negó vínculos con la empresa adjudicataria de 682 km de rutas nacionales durante su gestión como secretario de Transporte.
Una empresa familiar vinculada al apellido Mogetta quedó en el centro de una polémica por la concesión de 682 kilómetros de rutas nacionales, en un proceso que se realizó durante la gestión de Franco Mogetta como secretario de Transporte del gobierno de Javier Milei.
Según informaron medios locales, el apellido del exfuncionario aparece relacionado con la empresa adjudicataria de la concesión vial, lo que generó cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses en la licitación. La firma habría resultado favorecida en el proceso de concesión de una importante extensión de rutas nacionales.
Ante las versiones que circularon, Franco Mogetta salió a dar explicaciones públicas y negó cualquier vínculo con la compañía en cuestión. «No tengo relación con la empresa», aseguró el exsecretario de Transporte, buscando desvincularse del caso y despejar las sospechas sobre su eventual participación o influencia en el otorgamiento de la concesión.
El caso pone bajo la lupa el proceso de licitación de rutas nacionales y genera interrogantes sobre los controles aplicados durante la gestión de Mogetta al frente de la Secretaría de Transporte. La extensión del contrato, que abarca 682 kilómetros de red vial, representa una concesión de magnitud que involucra la administración y el mantenimiento de tramos estratégicos del sistema de rutas del país.
De acuerdo a lo publicado por medios regionales, la empresa en cuestión tendría vínculos familiares con el exfuncionario, aunque Mogetta insistió en que no mantiene ninguna relación comercial ni societaria con la firma adjudicataria. La polémica se suma a otros episodios de cuestionamientos a funcionarios del gobierno nacional por presuntos conflictos de intereses.
El episodio vuelve a instalar el debate sobre la transparencia en las licitaciones públicas y la necesidad de controles más estrictos para evitar situaciones que puedan comprometer la imparcialidad de los procesos de contratación estatal, especialmente cuando involucran a empresas vinculadas a funcionarios con capacidad de decisión en las áreas relacionadas.
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