Valentina Bassi advirtió que la desregulación del nomenclador de discapacidad «es letal»
La diputada alertó sobre el impacto de los cambios en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad impulsados por el Gobierno.
La diputada nacional Valentina Bassi expresó su preocupación por los cambios impulsados por el Gobierno en materia de discapacidad, advirtiendo que «es letal la desregulación del nomenclador». Sus declaraciones se dan en el marco de un proyecto oficial que busca modificar aspectos centrales del sistema de prestaciones para personas con discapacidad.
Según informaron medios especializados, el Ejecutivo nacional impulsa la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y puntos históricos del actual sistema de prestaciones. La iniciativa genera tensión tanto dentro del oficialismo como en la oposición, especialmente entre legisladores que consideran que los cambios podrían afectar derechos adquiridos.
El nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad es el instrumento que establece las coberturas obligatorias que deben brindar las obras sociales y prepagas. La desregulación de este mecanismo implicaría mayor flexibilidad para los prestadores, pero también podría reducir el acceso a tratamientos y servicios esenciales para miles de familias argentinas.
De acuerdo a la información difundida, existe una desconexión entre la Casa Rosada y los propios diputados de La Libertad Avanza respecto a la reforma en discapacidad. Varios legisladores oficialistas habrían manifestado dudas sobre el alcance de los cambios propuestos, en un contexto donde el ajuste presupuestario alcanza también a otras áreas sensibles como Ciencia y Universidades.
Las modificaciones al sistema de discapacidad se inscriben en una política más amplia de revisión del gasto público. Sin embargo, organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sectores de la oposición advierten que estos recortes podrían tener consecuencias graves para una población vulnerable que depende de prestaciones específicas para su calidad de vida.
La discusión sobre el proyecto continuará en las próximas semanas en el Congreso Nacional, donde se espera un fuerte debate entre quienes sostienen la necesidad de racionalizar el gasto y quienes priorizan la protección de los derechos sociales.
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