20 de septiembre de 2026

Franco Mogetta fue secretario de Transporte y su familia se quedó con una ruta privatizada

El ex funcionario de Cambiemos enfrenta cuestionamientos tras conocerse que su grupo familiar resultó beneficiado con una concesión vial.

Ruta argentina con cabina de peaje y señalización vial

Franco Mogetta, quien se desempeñó como secretario de Transporte durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, enfrenta cuestionamientos tras conocerse que su familia habría resultado beneficiada con la adjudicación de una concesión de ruta en el marco del proceso de privatización impulsado por el actual gobierno.

Según informaron diversos medios especializados, el grupo familiar de Mogetta habría adquirido una concesión de peaje en una autopista, lo que genera interrogantes sobre un posible conflicto de interés, dado el rol técnico y político que desempeñó el funcionario en materia de infraestructura vial durante su paso por el Estado.

La operación se habría concretado en el contexto del plan de privatizaciones y concesiones que lleva adelante la administración de Javier Milei, orientado a transferir al sector privado la gestión de rutas, aeropuertos y otros servicios públicos. La información fue difundida por Radio Fan, Cadena Láser y otros medios del interior del país.

Mogetta ocupó la Secretaría de Transporte entre 2017 y 2018, en un período clave para la definición de políticas en materia de infraestructura y tarifas. Su participación en el gabinete de Cambiemos lo ubicó en una posición estratégica respecto a las decisiones vinculadas al sistema de peajes y concesiones viales.

Hasta el momento, ni Mogetta ni su entorno familiar han realizado declaraciones públicas sobre la adjudicación de la ruta ni sobre los eventuales vínculos entre su pasado como funcionario y la actual concesión. Tampoco se conocen detalles oficiales sobre el proceso licitatorio ni la identidad completa de las empresas o sociedades involucradas.

El caso reaviva el debate sobre la transparencia en los procesos de privatización y la necesidad de mecanismos de control que eviten situaciones de incompatibilidad o aprovechamiento de información privilegiada por parte de ex funcionarios en licitaciones públicas.

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