Marcela Pagano volvió a hablar de los despidos en Olivos: «La cuenta, como siempre, la pagamos todos»
La diputada cuestionó las cesantías en la residencia presidencial y denunció presuntas irregularidades en los procedimientos administrativos.
La diputada nacional Marcela Pagano realizó nuevas declaraciones sobre los despidos ocurridos en la Quinta Presidencial de Olivos, manifestando su preocupación por las cesantías de personal que trabajaba en la residencia oficial.
«La cuenta, como siempre, la pagamos todos», expresó la legisladora al referirse a las consecuencias de las desvinculaciones laborales en el complejo presidencial, según informaron diversos medios locales.
Pagano, conocida por sus críticas en temas de gestión gubernamental, también denunció presuntas irregularidades en el manejo administrativo de la Quinta de Olivos. La diputada cuestionó los criterios utilizados para determinar qué empleados fueron despedidos y las condiciones en las que se llevaron a cabo estas desvinculaciones.
Los despidos en Olivos han generado controversia en los últimos días, y las declaraciones de Pagano se suman al debate público sobre la política de reducción de personal en distintas áreas del Estado. La legisladora ha sido una de las voces más críticas respecto a estas medidas, argumentando que afectan a trabajadores que desempeñaban funciones esenciales en la residencia presidencial.
Según lo publicado por medios locales, las denuncias de Pagano incluyen observaciones sobre posibles irregularidades en los procedimientos administrativos que precedieron a los despidos. La diputada habría señalado inconsistencias en la documentación y en los procesos seguidos para ejecutar las cesantías.
El caso de los despidos en Olivos se inscribe en un contexto más amplio de ajuste en la administración pública, que ha generado tensiones políticas y sociales. Las declaraciones de Pagano reflejan la preocupación de sectores de la oposición por el impacto de estas medidas en los empleados estatales y sus familias.
La diputada insistió en que las consecuencias de estas decisiones terminan siendo asumidas por toda la sociedad, en línea con su afirmación de que «la cuenta, como siempre, la pagamos todos». Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial del gobierno nacional sobre las acusaciones realizadas por la legisladora.
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