Llaryora acusó de traición a senadores cordobeses que apoyaron el régimen de Zona Fría
El gobernador cordobés criticó duramente a legisladores de la provincia que respaldaron beneficios fiscales para la Patagonia.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expresó su enérgico rechazo a la decisión de senadores nacionales de la provincia que respaldaron la sanción del régimen de Zona Fría para la Patagonia, una medida que considera perjudicial para los intereses cordobeses.
«Los que votaron la zona fría han traicionado a los cordobeses», afirmó Llaryora en declaraciones que rápidamente generaron repercusiones en el ámbito político provincial y nacional, según informaron diversos medios locales.
El régimen de Zona Fría otorga beneficios fiscales y tributarios especiales a las provincias patagónicas, lo que en la visión del mandatario provincial genera una competencia desigual con otras regiones del país, particularmente con Córdoba, una provincia industrial que históricamente ha reclamado condiciones equitativas en materia de promoción económica.
La crítica de Llaryora apunta directamente a los legisladores cordobeses que en el Senado de la Nación votaron a favor de este esquema, en lo que el gobernador interpreta como un alineamiento contrario a los intereses de la provincia que representan.
Esta postura del mandatario justicialista se enmarca en un contexto de tensiones federales, donde las provincias no patagónicas cuestionan los regímenes de promoción diferenciados que consideran generan asimetrías en el desarrollo productivo nacional.
Córdoba, con un fuerte peso en la industria automotriz, alimenticia y metalmecánica, viene sosteniendo hace años que estos beneficios especiales para otras regiones afectan la competitividad de su aparato productivo y el empleo local.
Las declaraciones del gobernador reflejan el malestar de sectores empresariales y sindicales cordobeses que vienen reclamando un trato federal más equilibrado en materia de incentivos económicos. La acusación de «traición» marca un punto de tensión en la relación entre el Ejecutivo provincial y los representantes cordobeses en el Congreso Nacional, señalando diferencias internas en la representación de intereses provinciales en el ámbito legislativo federal.
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