Bullrich reconoció que el Gobierno debió esperar antes de impulsar el DNU 70
La ministra de Seguridad señaló que el Ejecutivo debió ser más cauteloso con el decreto tras el fallo de la Corte sobre tierras.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, realizó una autocrítica respecto a la estrategia del Gobierno nacional en torno al polémico DNU 70/2023. En declaraciones públicas, la funcionaria admitió que el Ejecutivo «tendría que haber esperado» antes de avanzar con el decreto de necesidad y urgencia que generó fuertes controversias durante los primeros meses de gestión.
Las declaraciones de Bullrich se produjeron en el contexto de un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia relacionado con la extranjerización de tierras, uno de los aspectos incluidos en el extenso DNU 70 que modificó cientos de artículos de diversas leyes argentinas. La ministra calificó la situación como «un aprendizaje para nosotros», reconociendo errores en el timing político de la medida.
El DNU 70, firmado por el presidente Javier Milei apenas días después de asumir, fue presentado como una herramienta para desregular y modernizar la economía argentina. Sin embargo, generó amplios debates tanto en el Congreso como en el ámbito judicial, con múltiples presentaciones que cuestionaron su constitucionalidad y alcance.
Entre los puntos más controversiales del decreto se encontraban modificaciones en materia de alquileres, obras sociales, prepagas y, precisamente, la propiedad de tierras por parte de extranjeros. Este último aspecto involucra cuestiones sensibles de soberanía territorial y seguridad nacional, temas históricamente delicados en el debate público argentino.
El reconocimiento de Bullrich sobre la necesidad de mayor cautela en el impulso del DNU marca un punto de inflexión en el discurso oficial, que hasta ahora había defendido enfáticamente la urgencia y necesidad de todas las medidas implementadas. La ministra sugirió que una estrategia más gradual o consensuada podría haber evitado algunos de los obstáculos judiciales y políticos enfrentados.
Este episodio refleja las tensiones entre la voluntad del Gobierno de implementar reformas rápidas y profundas, y los límites institucionales y jurídicos que enfrenta cualquier administración en un sistema republicano de división de poderes.
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