7 de octubre de 2026

El ministro de Seguridad bonaerense defendió la app Mi Seguridad ante acusaciones de ocultamiento de delitos

Javier Alonso rechazó las críticas sobre ocultamiento de delitos y explicó que la Justicia decide qué denuncias de la app derivan en investigación.

Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, en conferencia de prensa

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, salió al cruce de las acusaciones que apuntan a un supuesto ocultamiento de delitos en el territorio bonaerense. Las críticas surgieron en torno al funcionamiento de la aplicación Mi Seguridad y su impacto en las estadísticas delictivas.

Alonso explicó que la herramienta digital permite a los ciudadanos realizar denuncias de manera virtual, facilitando el acceso a la Justicia sin necesidad de concurrir personalmente a una dependencia policial. Sin embargo, aclaró que no todas las denuncias ingresadas en la plataforma se convierten automáticamente en casos penales, ya que es el Poder Judicial el que evalúa y determina si corresponde iniciar una investigación formal.

Según precisó el funcionario, aproximadamente un tercio de las denuncias realizadas a través de Mi Seguridad terminan derivando en investigaciones judiciales. Esta proporción respondería a que muchas de las consultas o reportes ingresados no reúnen los requisitos legales para ser considerados delitos, quedando fuera de las estadísticas oficiales.

El ministro también destacó que la aplicación no es una creación de la gestión actual, sino que fue implementada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, cuando Cristian Ritondo ocupaba la cartera de Seguridad bonaerense. Este señalamiento buscaría despejar cualquier intento de politizar el debate y demostrar que se trata de una herramienta establecida hace años.

La polémica se enmarca en un contexto de fuerte debate público sobre las cifras de criminalidad en la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país. Diversos sectores de la oposición cuestionan la metodología de registro de delitos y sostienen que podría existir una subestimación de los números reales. Por su parte, el Gobierno bonaerense defiende la transparencia de sus estadísticas y la validez de los mecanismos de denuncia digital como herramientas de modernización y acceso a la Justicia.

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