El Gobierno nacional confirmó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal encargada de proveer agua potable y servicios de desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El 90% del paquete accionario fue adjudicado a un consorcio argentino-holandés por un monto de USD 340,2 millones.
El consorcio ganador está liderado por Rowing S.A., una firma argentina, junto a Transclor, de Mauricio Filiberti, la empresa brasileña Arcos Saneamento y el vehículo de inversión neerlandés PHX. Esta oferta superó la propuesta presentada por el Grupo Roggio, que había ofrecido USD 285 millones por el mismo paquete accionario.
Como parte de las condiciones de la concesión, el nuevo operador deberá ejecutar un plan de inversiones de más de USD 2.000 millones entre los años 2027 y 2031. Estas inversiones están orientadas a la modernización y ampliación de la infraestructura de agua y saneamiento en el área metropolitana de Buenos Aires, una de las regiones más densamente pobladas del país.
El 10% restante de las acciones de AySA permanecerá en manos de los trabajadores de la empresa, en un esquema de participación accionaria que busca preservar ciertos derechos laborales y mantener la representación de los empleados en la estructura societaria.
AySA fue creada en 2006 como una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, tras la rescisión del contrato con Aguas Argentinas. Desde entonces, la empresa operó bajo gestión estatal, atendiendo a más de 13 millones de usuarios en la región metropolitana. La privatización forma parte del plan económico del actual Gobierno, que impulsa la reducción del rol del Estado en empresas de servicios públicos.
La decisión genera expectativas sobre el futuro de las tarifas y la calidad del servicio, mientras el consorcio adjudicatario se prepara para asumir la gestión de uno de los activos de infraestructura más estratégicos del país.
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