29 de abril de 2026

En enero y febrero, los jubilados recibirán el bono de $55.000

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El Gobierno de Argentina tiene previsto otorgar bonos de 55.000 pesos en enero y febrero a los jubilados y pensionados que cobran los haberes mínimos. La medida se implementa mientras el Poder Ejecutivo espera que el Congreso apruebe un paquete de leyes que incluye modificaciones en la fórmula de actualización previsional.

La intención es evitar que los jubilados pierdan poder adquisitivo, ya que el ajuste inflacionario actual se percibe con un retraso de tres meses. Mientras se estudian mecanismos para un nuevo sistema de ajuste, se considera la posibilidad de ajustar los haberes en función de la inflación pasada de manera mensual.

La inflación en Argentina se mantiene en niveles elevados, y se espera un proceso de reacomodamiento de precios relativos en los próximos meses.

 

No hay plata

El Gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, busca alcanzar el déficit cero como parte de su política económica. En este sentido, se prevé limitar al mínimo las transferencias a las provincias, quienes también deberán implementar políticas de austeridad.

Para aliviar las finanzas de las provincias, se enviará un proyecto al Congreso para modificar el impuesto a las Ganancias, un tributo coparticipable. Aunque el presidente rechazó la propuesta de algunos gobernadores de coparticipar el impuesto al cheque, se contempla revertir la última modificación en Ganancias, excluyendo del tributo a unos 800,000 contribuyentes.

En cuanto a los fondos del Fondo Monetario Internacional (FMI), se niega que el país esté buscando nuevos préstamos de USD 15,000 millones, pero no se descarta obtener alguna línea del FMI destinada a la recomposición de las reservas del Banco Central, actualmente negativas en más de USD 10,000 millones.

Ante la falta de divisas, el Gobierno lanzó bonos (BOPREAL) para hacer frente a las deudas comerciales de los importadores. En la primera licitación, se demandaron solo USD 68 millones sobre un máximo adjudicable de USD 750 millones, atribuyendo el resultado a que las empresas están estudiando la operatoria y anticipando un mayor interés en futuras licitaciones.

 

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