Ganancias: Al final, ¿Quiénes pagan?
La decisión de no retrotraer la modificación en el Impuesto a las Ganancias, que elevó el mínimo no imponible y excluyó a más de 800,000 contribuyentes, tiene razones políticas. La medida fue implementada en septiembre pasado durante la gestión de Sergio Massa y tiene un costo fiscal total de $2.9 billones, de los cuales $1.7 billones corresponden a las provincias. La eliminación de esta modificación contribuiría al Tesoro Nacional con un 0.4% del PIB.
Sin embargo, el motivo principal de no revertir esta medida está vinculado a consideraciones políticas más que económicas. La modificación en el Impuesto a las Ganancias fue bien recibida por amplios sectores de la población y su reversión podría generar malestar y resistencia social. Además, la decisión de mantener esta medida está alineada con la premisa del Gobierno de alcanzar el equilibrio fiscal en 2024.
Ganancias: ¿Pagan o no los sueldos de diciembre?
La situación con el pago de sueldos de diciembre en enero crea incertidumbre en relación con el Impuesto a las Ganancias en Argentina. Actualmente, la ley 27.725 establece ciertas condiciones para la aplicación del impuesto, pero la posible reversión de esta medida plantea dudas sobre su impacto en la liquidación de sueldos.
Según la ley 27.725, los sueldos de enero podrían quedar cubiertos por el amparo legal siempre que no superen los 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles. Sin embargo, el ex borrador de la normativa propuesta sugiere la vigencia de la medida «a partir del año 2024», lo que podría indicar que los sueldos pagados en los primeros días de enero se regirían por esta ley.
La incertidumbre radica en la posible reversión de la ley. Si esta medida se deroga, los empleados podrían verse en la situación de reintegrar parte de su sueldo debido al impuesto retroactivo generado. Esto podría dividir el año 2024 en dos momentos impositivos, complicando la liquidación de impuestos.
En resumen, los empleadores que abonen sueldos en los primeros días de enero podrían aplicar la ley vigente hasta que se derogue la norma. No obstante, la posible reversión de la ley crea incertidumbre y complejidades en la situación impositiva para los empleados.
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