El fiscal Mario Villar desistió de pedir prisión para Cristina Kirchner, pero pidió cambiar su domicilio -

El fiscal general ante la Cámara de Casación, Mario Villar, retiró el pedido para que Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena por el caso Vialidad en una cárcel. En su lugar, solicitó que no continúe detenida en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, por razones de seguridad y orden público.

Así, Villar se desmarcó de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes la semana pasada habían reclamado al Tribunal Oral Federal N.º 2 su traslado a una prisión del Servicio Penitenciario Federal.

🔹 ¿Por qué Villar pidió el cambio de domicilio?

Según el fiscal, Cristina Kirchner ha respetado las condiciones impuestas por el tribunal, por lo que desistió del pedido de enviarla a una cárcel. Sin embargo, señaló que su actual domicilio:

Afecta la tranquilidad del barrio por la presencia constante de manifestantes, falta de higiene y llamados al 911.
Compromete su seguridad personal, especialmente por su exposición pública y el antecedente del intento de magnicidio.

Villar también cuestionó la eficacia de su custodia oficial y concluyó que es razonable cambiar el lugar de detención, aunque no corresponde a los jueces sugerir una nueva dirección: debe ser propuesta por la defensa.

🔹 La defensa rechaza los cambios

El abogado de Cristina, Alberto Beraldi, junto a Ary Llernovoy, rechazó el pedido y argumentó que:

El domicilio no es arbitrario, sino su residencia desde 2022.
Ya no hay manifestaciones frecuentes y la zona tiene más seguridad.
Su edad (72 años) y condición de mujer justifican el beneficio del arresto domiciliario.

También pidió:

Eliminar el régimen de visitas restringido, que la obliga a solicitar permiso cada vez que alguien fuera de su entorno cercano quiere ingresar.
Quitarle la tobillera electrónica, asegurando que no existe riesgo de fuga.

“Es una de las personas más conocidas del país. Pensar que Cristina se va a escapar es una burla”, afirmó Beraldi.

🔹 ¿Qué respondió el fiscal?

Villar sostuvo que:

Las visitas controladas son comunes en cualquier régimen de detención y que los condenados tienen expectativas de privacidad más limitadas.
La tobillera es obligatoria por ley, salvo que haya un informe social y otro del Servicio Penitenciario que lo justifique.
Hasta ahora, esos informes no existen, aunque asistentes sociales ya están evaluando su situación.

Además, citó el caso del expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien usó tobillera electrónica pese a su alto perfil público.

⚖ ¿Qué sigue?

Los jueces de la Cámara de Casación –Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña– deberán decidir esta semana si respaldan la postura del fiscal o de la defensa. El plazo para resolver vence a comienzos de la semana próxima.