Milei aumentó un 90% el sueldo de los funcionarios de alto rango -

El Poder Ejecutivo dispuso una actualización salarial para ministros y altos cargos del Gobierno nacional mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida alcanza a funcionarios cuyos ingresos permanecían congelados desde diciembre de 2023.

Si bien en los días previos se especuló con aumentos que podían ubicarse entre el 60% y el 100%, el texto oficial no detalla los montos finales que comenzarán a percibir los funcionarios alcanzados por la decisión.

Según el gremio estatal ATE, la suba salarial sería del 89,5%. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la medida y la calificó como “una obscenidad frente a la crisis que atraviesa el pueblo argentino”, al tiempo que acusó al Gobierno de actuar con “cinismo y falta de sensibilidad social”.

A quiénes alcanza el aumento y a quiénes excluye

El decreto establece que la actualización no incluye al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel, y aclara que los incrementos no tendrán carácter retroactivo.

El aumento impacta sobre:

Ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional comprendidos en el Decreto 838/94 y sus modificatorias.
Autoridades superiores alcanzadas por los regímenes de los Decretos 1716/92 y 140/07.
Funcionarios con rango y jerarquía equivalente dentro de la administración nacional.

Cláusula de congelamiento automático y eje fiscal

Entre sus disposiciones, la normativa incorpora un mecanismo de congelamiento automático de salarios en caso de que la Administración Pública Nacional registre un déficit fiscal financiero acumulado.

Según el texto oficial, esta cláusula busca “reafirmar la importancia del superávit fiscal” como uno de los pilares centrales de la política económica del Gobierno.

Los argumentos del Ejecutivo para justificar la suba

En los considerandos, el Gobierno sostiene que la actualización salarial apunta a garantizar que los cargos de conducción superior del Estado cuenten con un esquema de remuneraciones adecuado, competitivo y coherente con el nivel de responsabilidad que implican esas funciones.

Además, el decreto plantea que la recomposición salarial, combinada con controles institucionales y mecanismos de rendición de cuentas, contribuiría a fortalecer la integridad y la profesionalización del Estado.

El Ejecutivo vincula la medida con el superávit fiscal alcanzado y el “orden macroeconómico” logrado por la actual gestión, y la enmarca en una etapa posterior al ajuste inicial del gasto público. En ese sentido, presenta el reordenamiento salarial como parte de una estrategia de largo plazo orientada a un Estado más eficiente y profesional.

Reforma del empleo público y evaluación por desempeño

Finalmente, la decisión oficial se inscribe en un proceso más amplio de transformación del empleo público, con el objetivo de dejar atrás un esquema que el propio Gobierno describe como desarticulado, poco transparente y carente de incentivos adecuados.

El decreto asigna a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública un rol central en la implementación de un nuevo modelo de empleo público basado en la evaluación por desempeño y el mérito, una reforma que el Ejecutivo presenta como parte de su plan de reorganización estructural del Estado.