Tras cerrar la ANDIS, el Gobierno creó la Secretaría Nacional de Discapacidad -

Tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno nacional oficializó la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad mediante el Decreto 942/2025, publicado en el Boletín Oficial. A partir de esta decisión, todas las funciones del organismo disuelto pasarán a depender del Ministerio de Salud.

La medida se enmarca en el proceso iniciado con el Decreto 601/2025, que dispuso la intervención de la ANDIS con el objetivo de auditar su funcionamiento y avanzar en una reorganización estructural orientada al cumplimiento de principios de transparencia, igualdad de trato, eficacia y eficiencia en la gestión pública.

Según lo detallado en el Informe Final de Intervención, el Gobierno detectó un sistema tecnológico fragmentado, conformado por plataformas inconexas, sin interoperabilidad ni estándares unificados. Esta situación afectaba directamente la administración de políticas clave como el Certificado Único de Discapacidad, las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y el Programa Federal Incluir Salud.

El informe señala que estas deficiencias generaban duplicación de tareas, inconsistencias en los datos y dificultades para el seguimiento integral de las trayectorias de vida de las personas beneficiarias, impactando negativamente en la calidad de las políticas públicas vinculadas a la discapacidad.

Además, la auditoría reveló irregularidades graves en los procesos de contratación y en la gestión de gastos asociados a insumos médicos, equipamiento y dispositivos de alta complejidad. Estas anomalías se concentraron especialmente en la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud.

Frente a este escenario, el Ejecutivo resolvió avanzar con la centralización orgánica y funcional de las competencias de la ANDIS dentro del Ministerio de Salud, incorporando formalmente a la Secretaría Nacional de Discapacidad a su estructura administrativa.

En paralelo, el mismo decreto dispuso la prórroga de la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de garantizar herramientas de gestión ágiles para el Ministerio de Salud y sus organismos descentralizados.

Desde el Gobierno advirtieron que la finalización de la emergencia sanitaria sin medidas de transición adecuadas podría representar un riesgo inmediato para la continuidad de los servicios de salud, afectar el acceso de la población a la atención sanitaria y provocar consecuencias irreversibles en la red asistencial.