Procesaron a Diego Spagnuolo y a otros 18 acusados por coimas en la Agencia de Discapacidad -

El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes al ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, acusado de ser el presunto jefe de una asociación ilícita dedicada a la adjudicación irregular de contrataciones públicas. La imputación incluye los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo.

La resolución, a la que accedió Infobae, alcanza a otros 18 imputados y dispone además una nueva ronda de declaraciones indagatorias.

Un entramado criminal dentro del Estado

Según el magistrado, la investigación permitió reconstruir el funcionamiento de una organización criminal integrada por funcionarios de la ANDIS y empresarios privados, cuyo objetivo era generar ganancias millonarias mediante la manipulación de compras públicas.

Casanello sostuvo que se montó un “sistema de retornos” por parte de droguerías proveedoras de medicamentos, que vendían productos con sobreprecios al Estado. A cambio, los funcionarios involucrados recibían sobornos, consolidando un esquema de corrupción estructural dentro del organismo.

“La ANDIS fue cooptada y utilizada como un mecanismo de enriquecimiento ilícito, en desmedro de su finalidad esencial: la protección de las personas con discapacidad”, remarcó el juez.

Licitaciones simuladas y precios inflados

La resolución describe una verdadera puesta en escena en los procesos de competencia de precios, requisito clave para las contrataciones públicas. Cuatro droguerías —Profarma, Génesis, New Farma y Floresta— se turnaban para presentar ofertas según el tipo de compra, garantizando siempre la adjudicación.

En medicamentos de alto costo solían competir Profarma y Génesis; en insumos, especialmente implantes auditivos, lo hacían New Farma y Floresta. Todas las empresas estaban vinculadas entre sí, fueron habilitadas como prestadoras el mismo día y por pedido urgente de autoridades de la ANDIS.

Además, el juez subrayó que los valores ofertados eran notoriamente superiores incluso a otras compras similares realizadas en paralelo por el propio organismo.

Sobornos, vínculos personales y pruebas clave

Durante la gestión de Spagnuolo, la ANDIS habría funcionado al servicio de intereses privados, con claros conflictos de interés y pagos ilegales. La causa documenta vínculos personales, laborales y comerciales entre funcionarios clave y empresarios del sector.

Entre las pruebas más contundentes figura una máquina de contar billetes hallada en el domicilio del ex funcionario, considerada necesaria para manejar dinero en efectivo debido a la clandestinidad de las maniobras. También se acreditaron visitas frecuentes del operador Miguel Ángel Calvete a la casa de Spagnuolo y pagos a un mueblero que trabajó para el ex titular del organismo.

Audios, denuncia y nulidades rechazadas

El expediente se inició en agosto tras una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, basada en audios filtrados donde una voz atribuida a Spagnuolo revelaba internas políticas y maniobras ilegales. Aunque las defensas intentaron anular la causa alegando ilegalidad y manipulación de esas grabaciones, Casanello rechazó los planteos.

El juez aclaró que los procesamientos se sustentan en pruebas independientes, como documentos administrativos y testimonios, y no en los audios como prueba directa.

Los cuatro señalados como jefes

Además de Spagnuolo, fueron procesados como presuntos jefes de la asociación ilícita:

Daniel Garbellini, ex subdirector de ANDIS
Miguel Ángel Calvete, operador externo
Pablo Atchabahian, operador externo

Según la investigación, Calvete y Atchabahian habrían controlado las decisiones desde fuera del organismo, aprovechando situaciones de emergencia para evitar licitaciones y direccionar contratos millonarios.

Embargos millonarios y posibles responsabilidades superiores

Aunque los imputados continuarán en libertad, Casanello ordenó un embargo superior a los 202.000 millones de pesos sobre los bienes de Spagnuolo y montos similares para los otros principales acusados.

El juez advirtió que lo descubierto podría ser solo una parte del esquema y dejó abierta la puerta a responsabilidades políticas de mayor nivel. “La magnitud de los negocios y el desprecio por las advertencias sugieren otro nivel de complicidades”, afirmó.

Nuevas indagatorias y empresas bajo investigación

Para profundizar la causa, se ordenaron nuevas indagatorias a funcionarios y particulares, y se citó a declarar a las personas jurídicas de las cuatro droguerías involucradas, en busca de responsabilidades penales empresariales.