Adorni, en un escándalo en cascada
El escándalo que envuelve al Gobierno nacional, con foco en la figura de Manuel Adorni, escala semana a semana y suma nuevos elementos que complican su situación política y judicial. En las últimas horas, se conoció que el funcionario habría pagado US$245.000 en efectivo a un contratista, sin factura, para realizar remodelaciones en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
La causa judicial avanza con testimonios que obligan a los involucrados a decir la verdad bajo pena de falso testimonio. En ese contexto, la estrategia del oficialismo de relativizar o negar los hechos empieza a mostrar fisuras frente a la evidencia documental que surge en el expediente.
El caso se tramita en el juzgado de Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita, donde ya aparecen testigos que respaldan sus declaraciones con registros concretos. Entre ellos, el contratista Matías Tabar, quien presentó un documento detallando pagos y obras realizadas en el inmueble, incluyendo gastos llamativos como una pileta de mármol travertino y una cascada.
Uno de los puntos más cuestionados es la defensa de Adorni, quien insiste en calificar los hechos como parte de su “vida privada”. Sin embargo, la polémica crece cuando se cruzan estos argumentos con el uso de recursos públicos. En el Congreso, el diputado Rodolfo Tailhade lo increpó por el uso de custodia de la Policía Federal para su entorno familiar, reforzando el eje del debate: la delgada línea entre lo público y lo privado.
El constitucionalista Alejandro Carrió sostuvo que no existe impedimento legal para que el funcionario dé explicaciones públicas. Sin embargo, el silencio o las respuestas evasivas comienzan a tener costo político mientras la Justicia avanza.
El caso abre además interrogantes más profundos sobre el origen de los fondos. ¿Cómo se explican gastos que, según estimaciones, rondarían los US$850.000 en servicios, bienes y viajes en los últimos dos años? ¿Se trata de ingresos privados no declarados o de recursos vinculados al Estado? Las dudas alcanzan incluso al entorno presidencial y al nivel de conocimiento de Javier Milei.
El impacto ya se refleja en la opinión pública. El Índice de Confianza en el Gobierno cayó en las últimas semanas, en un contexto económico aún frágil. Así, el caso Adorni no solo se vuelve un problema judicial, sino también un desafío político para una administración que construyó su identidad sobre la promesa de transparencia y ruptura con la “casta”.
El desenlace sigue abierto, pero el costo político ya empezó a jugar.
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