Rodrigo Paz avanza con el estado de emergencia en Bolivia y el despliegue de las Fuerzas Armadas
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quedó habilitado para avanzar con un eventual estado de emergencia tras la derogación de una ley que limitaba ese mecanismo. La decisión se tomó en medio de una fuerte crisis política y social marcada por protestas, cortes de rutas y problemas de abastecimiento en distintas ciudades del país.
La medida fue aprobada por la Asamblea Legislativa con más de dos tercios de los votos y posteriormente oficializada por el Gobierno. De esta manera, quedó anulada la Ley 1341, sancionada en 2020, que establecía restricciones para la aplicación de estados de excepción.
Ahora, si el Ejecutivo decide avanzar con esa herramienta, deberá enviar el pedido al Congreso, que tendrá un plazo de 72 horas para aprobarlo o rechazarlo.
Qué implica el estado de emergencia en Bolivia
La Constitución boliviana contempla esta medida ante situaciones de “grave alteración del orden interno”. En la práctica, permitiría restringir temporalmente algunas libertades, como la circulación y las reuniones públicas, además de habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas junto a la Policía para controlar disturbios y desbloquear rutas.
El gobierno de Paz enfrenta desde principios de mayo una escalada de protestas impulsadas por sectores sindicales y seguidores del expresidente Evo Morales.
Las manifestaciones comenzaron por reclamos vinculados a la crisis económica, considerada una de las más graves de las últimas décadas, pero con el paso de las semanas derivaron en pedidos de renuncia contra el mandatario.
Crece la tensión por los bloqueos y el desabastecimiento
Los cortes de rutas ya provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos en ciudades como La Paz y El Alto, generando preocupación dentro y fuera del país.
Desde el oficialismo y parte de la oposición argumentaron que la derogación era necesaria para que el Estado pueda actuar con mayor firmeza frente a los hechos de violencia registrados durante las protestas.
Uno de los dirigentes que respaldó la medida fue el diputado Manolo Rojas, del Partido Demócrata Cristiano, quien aseguró que Bolivia atraviesa un momento crítico y defendió una respuesta más dura del Gobierno.
Críticas de la oposición y preocupación internacional
Sectores opositores, organismos sociales y referentes de la Iglesia Católica cuestionaron la decisión y advirtieron que un eventual estado de emergencia podría agravar el conflicto y derivar en violaciones a los derechos humanos.
En paralelo, el Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó preocupación por la situación en Bolivia y alertó sobre posibles intentos de desestabilización contra el gobierno de Paz.
La ley derogada había sido aprobada durante la presidencia transitoria de Jeanine Áñez, tras la crisis política de 2019 que terminó con la salida de Morales del poder luego de las denuncias de fraude electoral.
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