Acciones de petroleras que operan en Malvinas se desplomaron en Londres tras anuncios del Gobierno
Rockhopper y Borders & Southern cayeron hasta 10% en Londres tras medidas argentinas contra empresas que operen sin autorización en Malvinas.
Las acciones de empresas petroleras que participan en proyectos de exploración y explotación en las Islas Malvinas sufrieron fuertes caídas en la Bolsa de Londres durante la última jornada bursátil. El desplome se produjo luego de que el Gobierno argentino anunciara medidas contra compañías extranjeras que operen en el archipiélago sin autorización de las autoridades nacionales.
Entre las firmas más afectadas se encuentran Rockhopper Exploration y Borders & Southern, ambas involucradas en el desarrollo del proyecto Sea Lion, una de las iniciativas petroleras más ambiciosas en la zona en disputa de soberanía. Rockhopper llegó a registrar una caída del 10% durante la jornada, aunque finalmente cerró con una baja del 6,41%. Por su parte, Borders & Southern concluyó el día con un descenso del 9,41%.
El proyecto Sea Lion contempla una inversión total de 3.900 millones de dólares y tiene previsto iniciar operaciones en 2028, con una producción inicial estimada en 50.000 barriles diarios. Se trata de uno de los desarrollos más significativos en las aguas adyacentes a las Islas Malvinas, territorio que Argentina reclama como propio bajo el nombre de Islas Malvinas.
Las medidas anunciadas por el Gobierno argentino forman parte de la política de reclamo de soberanía sobre el archipiélago, ocupado por el Reino Unido desde 1833 y escenario de un conflicto bélico en 1982. La postura oficial argentina sostiene que cualquier actividad de explotación de recursos naturales en la zona requiere autorización nacional, al considerar que se trata de territorio argentino bajo ocupación extranjera.
La reacción de los mercados refleja la incertidumbre que generan estas tensiones diplomáticas en inversores y empresas internacionales que operan o planean operar en la zona. La volatilidad de las acciones evidencia el riesgo político asociado a proyectos en territorios disputados, donde las decisiones gubernamentales pueden impactar significativamente en la valoración de las compañías involucradas.
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