La Corte Suprema confirmó la condena de 8 años de prisión contra Sergio Urribarri
El máximo tribunal rechazó los recursos de la defensa y confirmó la sentencia por corrupción contra el exgobernador entrerriano.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la condena a ocho años de prisión contra el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri por delitos de corrupción, según informaron diversos medios nacionales.
El máximo tribunal rechazó los recursos presentados por la defensa del exmandatario provincial, quien gobernó Entre Ríos entre 2011 y 2015, y posteriormente se desempeñó como embajador argentino en Israel durante el gobierno de Alberto Fernández.
La condena contra Urribarri fue dictada originalmente por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná en abril de 2022, cuando fue hallado culpable de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Los hechos investigados ocurrieron durante sus dos mandatos como gobernador entrerriano.
De acuerdo a lo publicado por distintos medios, la causa judicial involucró irregularidades en la contratación de publicidad oficial y el manejo de fondos públicos provinciales. El tribunal que lo condenó también le impuso inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Con esta decisión de la Corte Suprema, se agota la instancia judicial y la sentencia queda firme. Ahora corresponderá que el Tribunal de Paraná defina las condiciones en que Urribarri deberá cumplir la pena, pudiendo evaluar si lo hará en prisión efectiva o bajo alguna modalidad alternativa, como prisión domiciliaria, según las consideraciones del caso.
El exgobernador peronista renunció a su cargo diplomático en Israel en agosto de 2022, meses después de conocerse la condena en primera instancia. Desde entonces, la defensa había intentado revertir la sentencia mediante recursos ante tribunales superiores, camino que ahora se cierra definitivamente con el rechazo de la Corte.
Este caso se suma a otras investigaciones judiciales por corrupción que han alcanzado a exgobernadores y funcionarios provinciales en los últimos años, en el marco de causas vinculadas al manejo irregular de fondos públicos y contrataciones estatales.
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