El Gobierno porteño denunció a la jueza Laura De Marinis ante el Consejo de la Magistratura
El ministro Gabino Tapia denunció a la jueza por declarar inconstitucional el Régimen Penal Juvenil en un caso de tentativa de robo.
El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura contra la jueza Laura De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil. La acusación se fundamenta en presunto mal desempeño en sus funciones y desconocimiento inexcusable del derecho.
El conflicto se originó a partir de una decisión judicial de De Marinis, quien declaró inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en el caso de un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. Esta resolución motivó la reacción del Ejecutivo porteño, que considera que la magistrada habría actuado fuera del marco normativo vigente.
El Régimen Penal Juvenil es el sistema legal que regula el tratamiento de menores de edad que cometen delitos. La declaración de inconstitucionalidad implica que la jueza consideró que la normativa aplicada vulneraba derechos constitucionales del acusado, impidiendo así su procesamiento bajo ese marco legal específico.
Desde el Gobierno de la Ciudad argumentan que la decisión de De Marinis representa un desconocimiento grave de las normas legales aplicables, razón por la cual recurrieron al Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de evaluar la conducta y el desempeño de los jueces en Argentina.
La denuncia presentada por Tapia busca que el Consejo investigue si hubo irregularidades en el accionar de la magistrada y, en caso de comprobarse las acusaciones, podría derivar en sanciones disciplinarias que van desde apercibimientos hasta la eventual remoción del cargo.
Este caso refleja las tensiones existentes entre el Poder Ejecutivo y el Judicial respecto a las políticas de seguridad y la aplicación del régimen penal para menores de edad, un tema que genera debates recurrentes en torno a la edad de imputabilidad y el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal.
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