Justicia estadounidense habilita a fondo buitre a embargar activos argentinos por expropiación de Aerolíneas
Jueza federal de EE.UU. autoriza a Burford Capital embargar activos argentinos por la estatización de 2008. El fondo reclama millones.
La jueza federal estadounidense Jia Cobb autorizó al fondo de inversión Burford Capital a solicitar embargos sobre activos argentinos en Estados Unidos, como consecuencia del conflicto legal derivado de la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008. La decisión judicial representa un nuevo capítulo en la batalla legal que enfrenta el Estado argentino por aquella estatización.
Según informaron medios especializados, el fondo reclama una compensación millonaria que incluye el pago de indemnizaciones más intereses acumulados durante más de 15 años. El monto exacto del reclamo asciende a cifras que superan ampliamente la valuación original de las acciones expropiadas, debido a la capitalización de intereses a lo largo del tiempo.
La resolución de Cobb se suma a antecedentes judiciales previos en tribunales estadounidenses que han favorecido a acreedores extranjeros en litigios contra Argentina. La jueza Loretta Preska, conocida por fallos similares durante las disputas por deuda soberana, sentó precedentes que ahora otros magistrados parecen seguir en casos vinculados a activos estatales argentinos.
La expropiación de Aerolíneas Argentinas fue ejecutada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mediante la Ley 26.466, que nacionalizó el 95% del paquete accionario que entonces controlaba el grupo español Marsans. Los accionistas minoritarios y algunos acreedores iniciaron entonces reclamos judiciales en diferentes jurisdicciones.
De acuerdo a lo publicado por medios económicos argentinos, esta habilitación judicial permite a Burford Capital iniciar procedimientos de embargo sobre bienes del Estado argentino localizados en territorio estadounidense, incluyendo potencialmente cuentas bancarias, inmuebles o activos financieros.
El fallo representa un desafío adicional para las finanzas públicas argentinas en un contexto de restricciones económicas. La administración actual deberá definir estrategias legales para enfrentar estos reclamos, que podrían sentar precedentes para otros litigios pendientes relacionados con decisiones de gobiernos anteriores.
El caso subraya las consecuencias de largo plazo que pueden tener las decisiones de política económica en materia de expropiaciones, especialmente cuando involucran a inversores extranjeros con capacidad de litigar en tribunales internacionales.
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