Fiscal pide investigar el patrimonio de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito
Fiscal Pollicita pidió investigar ocho billeteras de Bitcoin y el patrimonio del vocero desde 1998 por presunto enriquecimiento ilícito.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó formalmente una investigación exhaustiva sobre el patrimonio del vocero presidencial Manuel Adorni, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que podría alcanzar más de dos décadas de evolución patrimonial.
La medida judicial incluye la verificación de ocho billeteras de criptomonedas vinculadas al funcionario y una ampliación de la investigación patrimonial que se remonta hasta 1998. La solicitud del fiscal deberá ser evaluada y autorizada por el juez federal Ariel Lijo, quien tiene a su cargo la causa.
Según la documentación presentada en el expediente, Adorni declaró haber obtenido ganancias por un total de 591.544,61 dólares estadounidenses mediante operaciones con criptomonedas. Este monto forma parte de los elementos que motivaron la investigación sobre la evolución de su patrimonio a lo largo de los años.
La investigación no se limita exclusivamente al vocero presidencial. El fiscal Pollicita también dispuso que se analice el patrimonio de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, desde el año 2000 en adelante. Esta extensión busca establecer un panorama completo de la situación económica del grupo familiar.
El enriquecimiento ilícito es una figura penal que se configura cuando un funcionario público no puede justificar de manera razonable el origen de un incremento patrimonial significativo durante el ejercicio de su cargo o en relación con actividades anteriores. La investigación apunta a determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el patrimonio acumulado.
Manuel Adorni ocupa actualmente el cargo de portavoz de la Presidencia de la Nación, siendo la voz oficial del Poder Ejecutivo ante los medios de comunicación y la ciudadanía. El avance de esta causa judicial representa un capítulo sensible para la administración actual, mientras se aguarda la decisión del magistrado sobre la autorización de las medidas investigativas solicitadas por la Fiscalía.
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