La Corte Suprema avaló la derogación de la Ley de Tierras por DNU y desató críticas de la oposición
El máximo tribunal anuló un fallo que había suspendido la derogación dispuesta por DNU. La oposición advierte sobre la extranjerización.
La Corte Suprema de Justicia revocó un fallo judicial que había suspendido la derogación de la Ley de Tierras Rurales, medida impulsada por el presidente Javier Milei mediante el polémico DNU 70/2023. La decisión del máximo tribunal generó un fuerte rechazo en sectores opositores y organizaciones sociales, que advierten sobre las consecuencias de eliminar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.
Según informaron diversos medios, el fallo de la Corte anuló una medida cautelar dictada por tribunales inferiores que había restablecido temporalmente la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta normativa establecía restricciones a la venta de tierras rurales a personas físicas o jurídicas extranjeras, limitando la titularidad foránea al 15% del territorio nacional.
La decisión del tribunal supremo incluyó críticas hacia los jueces que habían fallado a favor de mantener la ley, según destacó Urgente24. El fallo habilita ahora que la derogación dispuesta por Milei en su mega decreto de necesidad y urgencia del inicio de su gestión quede firme, eliminando las restricciones que regulaban la extranjerización de tierras.
De acuerdo a lo publicado por NEA HOY y Ámbito, la oposición reaccionó con dureza ante la resolución de la Corte. Legisladores y dirigentes de diversos espacios políticos expresaron su preocupación por lo que consideran un avance sobre la soberanía territorial argentina y alertaron sobre la posibilidad de una mayor concentración de tierras productivas en manos extranjeras.
La Ley de Tierras Rurales, derogada por el DNU presidencial, establecía además mecanismos de control y registros sobre la titularidad de inmuebles rurales. Su eliminación permite ahora que extranjeros puedan adquirir campos sin las restricciones previamente vigentes, en un contexto donde Argentina posee vastas extensiones de tierra cultivable y recursos naturales estratégicos.
El fallo de la Corte Suprema representa un respaldo significativo a la política desregulatoria impulsada por la administración Milei desde sus primeros días de gobierno, aunque profundiza el debate sobre los límites del uso de decretos de necesidad y urgencia para modificar legislación de fondo aprobada por el Congreso.
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