La Corte Suprema reactivó la derogación de la Ley de Tierras y habilita la venta a extranjeros
El máximo tribunal habilitó la venta de tierras rurales a extranjeros al reactivar la derogación de la ley que limitaba su compra.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó una decisión que tendrá importantes implicancias en el régimen de propiedad de tierras en Argentina. El máximo tribunal del país reactivó la derogación de la Ley de Tierras, normativa que establecía restricciones a la compra de inmuebles rurales por parte de extranjeros.
La medida implica que, a partir de ahora, se habilita nuevamente la venta de tierras a personas físicas y jurídicas de otros países sin las limitaciones que había establecido la legislación vigente. Esta ley, conocida como Ley de Tierras Rurales, fue sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de limitar la extranjerización de la tierra argentina.
De acuerdo a lo informado por diversos medios nacionales, la resolución de la Corte Suprema representa un giro significativo en la política de soberanía territorial que había regido en la última década. La normativa original establecía que los extranjeros no podían ser titulares de más del 15% de las tierras rurales en el territorio nacional, con límites específicos también por provincia.
La decisión judicial llega en un contexto donde el gobierno nacional ha impulsado una serie de medidas orientadas a la desregulación económica y la apertura a inversiones extranjeras en diversos sectores. La derogación de estas restricciones podría atraer capitales foráneos interesados en el sector agropecuario argentino, uno de los pilares de la economía del país.
Sin embargo, la medida genera controversias entre distintos sectores políticos y sociales. Mientras algunos ven en esta apertura una oportunidad para incrementar la inversión y la productividad del campo, otros expresan preocupación por la pérdida de soberanía sobre recursos estratégicos como la tierra y el agua.
La Ley de Tierras Rurales había sido una bandera del kirchnerismo en materia de soberanía nacional, por lo que su derogación marca un cambio de paradigma en la política de tierras del Estado argentino y reabre un debate que divide aguas en la sociedad.
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