6 de octubre de 2026

La Iglesia Católica reclamó al Gobierno por el estado de emergencia en discapacidad

La Conferencia Episcopal se reunió con Salud y exigió el cumplimiento de la ley y el pago de compensaciones en discapacidad.

Encuentro entre representantes de la Iglesia Católica y funcionarios del Ministerio de Salud

Representantes de la Conferencia Episcopal Argentina mantuvieron un encuentro con funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación para expresar su preocupación por la situación del sector de discapacidad en el país. Durante la reunión, los delegados eclesiásticos reclamaron el estricto cumplimiento de la legislación vigente en la materia y exigieron el pago de compensaciones pendientes relacionadas con las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

La Iglesia Católica viene manifestando desde hace tiempo su inquietud respecto al deterioro de los servicios y la situación crítica que atraviesan tanto las instituciones que brindan atención como las familias que dependen de estas prestaciones. En ese marco, las autoridades eclesiásticas insistieron en la necesidad de que el Estado cumpla con sus obligaciones legales y garantice los recursos necesarios para sostener el sistema de atención.

En declaraciones posteriores al encuentro, María Bayá Casal, una de las representantes presentes, fue contundente al advertir que «los gestos solos no alcanzan». Con esta frase, subrayó que se requieren medidas concretas y efectivas por parte del Gobierno nacional, más allá de las manifestaciones de buena voluntad o los anuncios que no se traducen en soluciones reales para el sector.

El reclamo de la Conferencia Episcopal se suma a las voces de diversas organizaciones de la sociedad civil, familias y prestadores que vienen denunciando el estado de emergencia en discapacidad. Entre los principales problemas señalados se encuentran los atrasos en los pagos, la insuficiencia de los montos asignados y las trabas burocráticas que dificultan el acceso a las prestaciones contempladas por ley.

La reunión pone de manifiesto la creciente preocupación de distintos sectores sociales ante una problemática que afecta a miles de personas en todo el país y que demanda una respuesta urgente por parte de las autoridades sanitarias nacionales.

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