El Gobierno nacional intensifica sus gestiones políticas para evitar que prospere la sesión convocada en el Congreso contra el DNU 70/23, uno de los decretos de necesidad y urgencia más controversiales de la gestión de Javier Milei. La estrategia oficial apunta a impedir que se alcance el quórum necesario para tratar el rechazo a la norma.
Según informaron diversos medios, el Ejecutivo está realizando un minucioso conteo de votos y negociaciones con distintos bloques legislativos para asegurarse de que no haya número suficiente de diputados presentes en el recinto. La táctica busca dejar sin efecto la convocatoria sin necesidad de enfrentar una votación que podría resultar adversa.
El DNU 70/23, promulgado en diciembre de 2023, introdujo modificaciones en diversas áreas económicas y laborales, generando fuerte resistencia en sectores de la oposición que lo consideran inconstitucional por su alcance. Desde su publicación, el decreto ha sido objeto de múltiples cuestionamientos tanto en el ámbito legislativo como judicial.
La sesión prevista para tratar el rechazo al decreto cobra relevancia en un contexto donde el oficialismo busca consolidar su agenda de reformas estructurales. Para el Gobierno, mantener vigente el DNU 70/23 resulta estratégico en su programa de desregulación económica.
De acuerdo a lo publicado por medios especializados, un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia habría modificado el escenario político en torno al decreto, otorgándole mayor margen de maniobra al Ejecutivo para sostener su validez. Esta decisión judicial restaría fuerza a los argumentos de quienes impulsan la anulación parlamentaria de la norma.
El desenlace de esta pulseada entre el Gobierno y la oposición se definirá en los próximos días, cuando se concrete –o no– la sesión convocada. La capacidad del oficialismo para articular apoyos o, al menos, ausencias estratégicas en el recinto será clave para determinar el futuro del polémico decreto.
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