La Corte Suprema de Justicia dictó una medida cautelar que vuelve a poner en vigencia las restricciones establecidas en la Ley de Tierras para la adquisición de campos por parte de ciudadanos extranjeros. La decisión fue tomada con un fallo dividido que incluyó una dura disidencia del juez Carlos Rosenkrantz.
La medida cautelar revierte los efectos de una sentencia emitida la semana pasada, cuando el máximo tribunal había revocado por motivos procesales un fallo que declaraba inconstitucional el artículo del DNU 70/2023. Ese decreto había derogado la Ley de Tierras, normativa que regula y limita la compra de campos por parte de extranjeros en el territorio nacional.
La Ley de Tierras fue sancionada con el objetivo de preservar la soberanía nacional sobre los recursos naturales estratégicos y evitar la concentración de la propiedad rural en manos foráneas. La norma establece límites porcentuales para la tenencia de tierra por parte de extranjeros y exige autorizaciones especiales para determinadas operaciones.
La resolución previa del tribunal había generado fuertes críticas desde distintos sectores políticos y sociales. La oposición en el Congreso había amenazado con rechazar la totalidad del DNU 70/2023, un paquete de medidas económicas y administrativas impulsado por el Gobierno nacional. El nuevo fallo de la Corte podría contribuir a desactivar esa iniciativa legislativa, aliviando la presión sobre el Ejecutivo.
El carácter dividido de la decisión evidencia las diferencias de criterio al interior del máximo tribunal. La disidencia del juez Rosenkrantz refleja posturas divergentes sobre la interpretación de las facultades presidenciales y los límites constitucionales a la legislación por decreto de necesidad y urgencia.
La Corte Suprema funciona como última instancia judicial en Argentina y sus fallos sientan precedente en materia constitucional. En este caso, la medida cautelar mantiene el statu quo normativo mientras se resuelve el fondo de la cuestión, garantizando la vigencia de las restricciones hasta tanto haya una decisión definitiva sobre la constitucionalidad del decreto presidencial.
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